Soledad García López, inspectora coordinadora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, exige al Hércules un aval de cuatro millones de euros para saldar su deuda con Hacienda y este requerimiento deja al club al borde de la liquidación.
Las negociaciones mantenidas durante los últimos meses por Carlos Parodi, presidente de la entidad blanquiazul, con los técnicos de la Agencia Tributaria iban por buen camino, pero se han topado con la postura inflexible por parte de Soledad García, que, según fuentes próximas al Rico Pérez, no está por la labor de firmar un convenio de deuda aplazada como el suscrito en su día con el Cádiz o el Deportivo de La Coruña, entre otros.
El Hércules firmó en 2013 un convenio con Hacienda y la deuda entonces era de 10,4 millones, que se redujo en dos millones por el ingreso de un talón. Desde entonces el club ha rebajado a más de la mitad esta cifra, pero el problema serio llegó con el descenso a Segunda B, una categoría en la que no hay ingresos televisivos.
El Hércules debe seguir haciendo frente al pago de 80.000 euros mensuales (960.000 anuales) pero en septiembre de 2016 dejó de pagar, si bien después realizó aportaciones puntuales con motivo de las taquillas generadas en la promoción de ascenso, la venta de Álex Muñoz al Sevilla o con la visita del FC Barcelona en Copa del Rey.
Según el citado convenio, el Hércules debe pagar 80.000 euros mensuales independientemente de si milita en Segunda o en Segunda B, algo desproporcionado según el club ya que en la categoría de bronce apenas hay ingresos mientras que en la de plata se recaudan un mínimo de 8 millones por derechos de televisión. Parodi era moderadamente optimista meses atrás y, de hecho, llegó a anunciar un principio de acuerdo para abonar a Hacienda 20.000 euros anuales en Segunda B. El club está dispuesto también a saldar su deuda total de cuatro millones en dos temporadas en el caso de ascender a Segunda, algo cada vez más complicado en esta temporada.
La cuerda se ha tensado de manera notable entre el Hércules y la coordinadora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes hasta el punto de que la semana pasada el club recibió un embargo de 2.3 millones, en concepto de deuda no ingresada en periodo voluntario, más en concreto desde febrero de 2016.
La falta de acuerdo con Hacienda preocupa especialmente al apoderado del Hércules Juan Carlos Ramírez, que quiere llegar a un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas, también conocido como banco del Consell, para adquirir el Rico Pérez y la mayoría accionarial del club.
Además, la entidad blanquiazul también está pendiente desde hace varios meses de la resolución del contencioso con la Comisión Europea, que le obliga a devolver 6.9 millones por recibir ayudas ilegales de la propia Generalitat. El Hércules solicitó en la suspensión cautelar, que ahora está pendiente de resolución.
El club ya ha pagado a todos sus futbolistas hasta el 30 de junio y ahora confía en una reacción final de los mismos para poder disputar la promoción de ascenso a Segunda, una categoría que aparece cada vez más como un auténtico salvavidas para esta nave llamada Hércules que hace aguas por casi todos los lados. Al margen de Hacienda y Bruselas, el club también necesita negociar su convenio con los acreedores ordinarios, que le obliga a pagar 1.5 millones el próximo 30 de junio. En resumen, la deuda global del Hércules asciende a más de 20 millones.
El Hércules pide el auxilio de todas las administraciones públicas: la municipal (ya cuenta con el apoyo del alcalde Echávarri), la autonómica (negociaciones con el IVF para adquirir el estadio y las acciones) y la general.
