«Esto es un acuerdo, porque luego desde el IVF niegan acuerdos». Directo y sin rodeos. Así respondió ayer el alcalde Gabriel Echávarri a la pregunta sobre el anuncio del director del banco de la Generalitat, Manuel Illueca, de que va a poner el estadio Rico Pérez a disposición de los alicantinos a través del Ayuntamiento. «Un acuerdo por el que el Ayuntamiento se hace cargo del estadio cinco años más cinco», precisó Echávarri, molesto con las reticencias de Illueca a aceptar lo que el primer edil llama pacto «a tres bandas» entre el Hércules -más en concreto con los empresarios Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez-, el banco de la Generalitat y el consistorio alicantino.
El acuerdo al que alude el alcalde se hizo público el pasado día 5 y habría sido determinante para que el tándem Ortiz-Ramírez aceptara el pago de 560.000 euros de la deuda pendiente con Hacienda -de unos 4,4 millones-, que puso al club al borde de la liquidación.
En ese pacto se vincula el nuevo calendario de pagos a la Agencia Tributaria con la adquisición por parte de los dos empresarios que «mueven los hilos» del Hércules del 85% de las acciones del club en poder del IVF por un precio de unos 300.000 euros.
Sin embargo, y para disgusto de Echávarri, Illueca se ha negado a aceptar la existencia de ese acuerdo, se ha limitado a calificar de «interesante» la propuesta de Ortiz y Ramírez e, incluso, tiene previsto encargar un informe a un «perito externo e independiente» para que tase el precio de los títulos que garantizan la mayoría accionarial de la entidad.
