Ocurre casi siempre. Descarga la tormenta todo su aparato eléctrico, su fanfarria natural, su boato de ceniza y azules marinos y al final escampa sin más. El paso de los días exorciza los ramalazos de ira, rebaja el tono incendiario de los discursos expansivos, devuelve a cada uno a la casilla de salida y todo se entierra bajo un manto de olvido pedregoso y se acaba pasando como si nada, de puntillas, por encima lo que hacía solo unas horas parecía el más sangrante de los ultrajes hiperbólicos.
El Hércules, que el curso pasado no visitó al Mestalla por imperativo pandémico, regresa este domingo al campo Antonio Puchades de Paterna. Allí, hace ahora dos años exactos, el Valencia se negó a venderle entradas a un buen número de aficionados alicantinos. Para impedir el acceso, los responsables de la taquilla exigieron el DNI a los compradores para asegurarse de que ninguno de los boletos acababa en manos de público indeseado. Entradas nominales para un sector de grada que siempre estaba semivacía.
Ni la intervención de Carlos Parodi y Enrique Ortiz –que se acabaron sentando en el palco tras su fracaso negociador–, sirvió para que la directiva taronja levantara la mano. Los valencianos se negaron en redondo. Esa mañana absurda, el dueño del equipo y su hombre de confianza echaron de menos el talante conciliador y dialogante de Quique Hernández, que había dimitido esa semana por desavenencias irreconciliables con Juan Carlos Ramírez, que no se fiaba de él.
Se dijo de todo, la mayoría altisonante, oclusivo. Se expusieron motivos delirantes. Hasta la política, siempre atenta a la captación de adhesiones, se manifestó en contra de pragmatismo discriminatorio de la entidad que dirige Peter Lim desde Singapur.
Amenazas de denuncias, justicia actuando de oficio, cruces de comunicados inflamados, reclamaciones en la oficina del consumidor, rabia, impotencia, indignación y, por supuesto, indiferencia, la que mostró el Valencia, que acabó liquidando el penoso incidente con un lacónico «motivos de seguridad» sin el amparo legal de algún cuerpo de seguridad, ni local, ni autonómico ni nacional. Carpetazo y a otra cosa, así, con naturalidad, sin consecuencias.
Y todo porque el Valencia le exigía al Hércules el pago anticipado de las 200 entradas que le enviaba (los blanquiazules habían solicitado 500), o sea, por 600 euros. Ortiz y Ramírez se negaron a adelantar el importe antes de saber si agotarían todo el papel y, a raíz del plante, la directiva che contestó que si no se dispensaban los pases en Alicante, tampoco se podrían adquirir en las taquillas de Paterna.
El modo que encontraron de confirmar que el comprador era aficionado del Hércules consistió en pedir el DNI, de modo que, el taquillero, para cumplir la orden lamentable dada por los responsables taronjas, no vendió entradas a no nacidos en la provincia de Valencia, un disparate épico.
A pesar del revuelo, de las caras largas y de los aspavientos, el asunto se borró enseguida. Ni ruptura de relaciones ni nada parecido para defender el atropello a sus aficionados. El expediente abierto dio la razón al Hércules pero no conllevó consecuencias para el infractor. Todo se redujo a un maternal «que no se vuelva a repetir, eh, que no me entere yo o si no»... Lim y Ortiz, Ortiz y Lim: tan aparentemente lejos, pero tan tan cerca.
