Asociación Herculanos ejercerá la acusación popular en el denominado «caso Abde» surgido a raíz de la querella presentada por la Fiscalía contra el Hércules y su fundación por un posible delito de alzamiento de bienes en el traspaso del canterano blanquiazul al Barça. La agrupación ha completado todos los trámites para poder ejercer este derecho constitucional. El último, el pago ayer por la mañana de los mil euros de depósito que les reclamaba la magistrada encargada de la instrucción, María Luisa Carrascosa.
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante también tiene ya «la firma del otorgamiento de poderes por comparecencia» para que el abogado y la procuradora del colectivo blanquiazul participen en el proceso judicial de manera activa a partir de la semana que viene, cuando están llamados a declarar los primeros investigados, entre los que se encuentran Carlos Parodi y Valentín Botella, presidentes del club y de la fundación, respectivamente.
Asociación Herculanos ha decidido ejercer un derecho recogido en la Costitución, desarrollado en el artículo 125, que establece la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan la acción popular y participen en la Administración de Justicia. El colectivo, como le reconoce la Ley, puede recurrir a esta vía en nombre o interés de la sociedad y su título legitimador es simplemente su condición de ciudadano.
De esta manera, los representantes legales de la asociación fundada en 2005 y presidida por Enrique Tébar tendrán derecho a, entre otras cosas, hacer preguntas a los investigados en la toma de declaración de la semana que viene si lo consideran oportuno y tendrán acceso a todos los informes y requerimientos que se realicen durante toda la vista posterior si, finalmente, la jueza concluye la instrucción considerando que hay motivos para acudir a juicio.
Esta medida, entre otras cosas, permitirá al abogado de la entidad de aficionados que preside Enrique Tébar actuar en la vista y en la apertura de juicio si finalmente se produce
Asociación Herculanos, posicionada en contra del modelo de administración aplicado en la SAD propiedad de la familia Ortiz y también una de las más activas en el desarrollo de acciones sociales que buscan implicar a las instituciones públicas y a las fuerzas políticas de la ciudad en el cambio de gestores de la entidad deportiva centenaria, va un paso más allá tras las protestas llevadas a cabo en la calle por un sector de la afición desde la finalización de la Liga el 21 de mayo y la confirmación de que el equipo seguirá por segundo año seguido en la cuarta categoría del fútbol español.
Un total de ocho personas han sido citadas en calidad de investigados, entre consejeros y patronos de ambas entidades. La jueza también ha llamado como testigo al técnico de la Agencia Tributaria que redactó el informe en el que se ha fundamentado la querella del Ministerio Fiscal.
8 ACUSADOS
►La jueza llamará a declarar a los primeros investigados la semana que viene hasta completar el proceso de instrucción que debe servir para decidir si se va a juicio.
La denuncia se presentó después de una demanda de la Agencia Tributaria, que viene reclamando a la entidad blanquiazul el pago de una deuda de tres millones y medio arrastrada a resultas del concurso de acreedores del club en el año 2011 y que el fisco entendía que debía haberse satisfecho en buena parte con los dos millones abonados por el conjunto culé en concepto de cláusula de rescisión del contrato del atacante marroquí.
La Fiscalía acusa de un tipo agravado de alzamiento de bienes llamado frustración de la ejecución y que está sancionado con entre uno y seis años de prisión en el Código Penal, así como el pago de una multa; y que persigue la ocultación de capitales en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; así como el uso no autorizado por el depositario de bienes embargados por la autoridad.
