El Hércules declara ante la juez que 900.000 euros de los dos millones del traspaso de Abde fueron para pagar a Hacienda

Responsables del Hércules C. F. y de la Fundación Hércules han declarado este lunes ante la juez que Hacienda percibió alrededor de 900.000 euros de los dos millones que cobró la entidad por la rescisión del contrato de Abde para traspasarlo al FC Barcelona. La magistrada titular del juzgado de Instrucción número nueve de Alicante, Maria Luisa Carrascosa, investiga un presunto alzamiento de bienes por parte del club en esta operación y ha tomado declaración en calidad de investigados al presidente del Hércules Carlos Parodi, al vicepresidente de la entidad Valentín Botella y al apoderado de la Fundación José León.

Según las explicaciones que ha dado Parodi a la instructora, el club abonó a la Agencia Tributaria 480.000 euros para el pago de la deuda, mientras que otros 370.000 han sido pagos de impuestos ordinarios. Desde las defensas se incide en que Hacienda iba cobrando sin separar los conceptos. La cifra real, sin embargo, para las acusaciones no llega ni al 15% del total de lo percibido por el traspaso y se aportó el 15 de diciembre, después de que se lo requiriera la Agencia Tributaria. Las acusaciones sostienen que desde el momento en que el club recibió los dos millones por el traspaso del jugador tendría que haberlos puesto a disposición de la Hacienda Pública y desde allí se hubiera determinado la cantidad para sufragar la deuda, que está fijada en 2,4 millones de euros.

En líneas generales, han sostenido en el juzgado que el dinero percibido del Barcelona por el traspaso del jugador al F. C. Barcelona se utilizó para el pago de gastos imprescindibles del club para evitar su desaparición. De los tres investigados, sólo Parodi ha respondido a las preguntas del Ministerio Público, mientras que Botella y León se han acogido a su derecho a responder únicamente a sus respectivas defensas. Mientras que Parodi ha estado más de una hora dando explicaciones a la juez, el interrogatorio de los otros dos apenas ha sido de diez minutos cada uno. Ninguno de los tres ha querido responder a las preguntas del letrado José Ferrándiz Cano que ejerce la acción popular en nombre de la Asociación Herculanos. "Si querían dar explicaciones, han perdido una oportunidad al negarse a responder a este letrado", ha asegurado, al tiempo que ha valorado como de "puerilidad máxima" las respuestas dadas durante la declaración.

Cheques troceados

Los hechos se remontan agosto del año pasado después de los dos millones de euros que recibió el Hércules del Barcelona por el traspaso de Abde. Sobre la entidad pesaba un embargo como consecuencia de la situación del concurso de acreedores en la que se encontraba. La Fiscalía y la Agencia Tributaria sostienen que el dinero se desvió a una cuenta de la Fundación Hércules, donde se troceó en 34 cheques que se cobraron a los pocos días, maniobra con la que pretendían eludir el embargo que pesaba sobre la entidad. El objetivo de la investigación es determinar dónde fue el dinero.

Desde que se presentó la querella, desde el Hércules se ha ofrecido la posibilidad a la Agencia Tributaria de llegar a un acuerdo para tratar de zanjar la investigación judicial. Poco antes del inicio de la declaración, las defensas plantearon suspender la comparecencia para seguir avanzando en dichas negociaciones. Una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía argumentando que ha habido tiempo suficiente para que se hubiera podido llegar a un acuerdo. El abogado de Parodi, Ignacio Gally, ha incidido en que durante la comparecencia "se han puesto de manifiesto los numerosos ofrecimientos que el Hércules ha trasladado a la Agencia Tributaria para que ésta pueda cobrar la totalidad de la deuda por todos los conceptos, incluso con ofrecimiento de garantías bancarias".

Una jueza imputa al Hércules y a la Fundación por ocultar a Hacienda el traspaso de Abde

Durante toda su declaración, Parodi se ha centrado en tratar de argumentar que el dinero percibido por el traspaso de Abde se destinó al pago de gastos que eran necesarios para garantizar la viabilidad del club, principalmente deudas y compromisos económicos contraídos por la entidad. Una línea de defensa en la que ha venido insistiendo desde que se anunció la querella por parte de la Fiscalía. En este sentido, desde el club se ha incidido en que con el descenso de categoría del Hércules, cayeron los ingresos económicos lo que complicaba que pudieran cumplirse las previsiones de pagos previstas en el convenio firmado en 2015. Una explicaciones para las que por el momento no se ha aportado documentación que avale las operaciones, ni tampoco el Plan de Prevención de Riesgos Penales que, en caso de haberse aplicado de manera correcta, les habría eximido de responsabilidad penal.