Segunda jornada de declaraciones judiciales en la investigación por un presunto alzamiento de bienes del Hércules CF y su Fundación en los dos millones percibidos por el traspaso de Abde al Barcelona CF. Este jueves declararon responsables de la Caja Rural, entidad en la que se ingresó el dinero. El representante legal de la entidad sostuvo ante la juez que nadie embargó el dinero ingresado por el club y que el banco se limitó a comprobar que el origen de los fondos era legal.
Como ha venido publicando este diario, la investigación arranca de una querella de la Fiscalía contra los responsables de ambas entidades por los dos millones de euros que el club percibió por el traspaso de Abde al F. C. Barcelona en agosto del año pasado. Sobre la entidad pesaba un embargo debido a la situación de concurso de acreedores en la que se encontraba. La Fiscalía y la Agencia Tributaria sostienen que el dinero se desvió a una cuenta de la Fundación Hércules, donde se troceó en 34 cheques que fueron cobrados a los pocos días, maniobra con la que los investigados podrían haber tratado de eludir dicho embargo.
Este jueves por la mañana declararon ante la juez, el representante legal de Rural Caja, la entidad a la que se llevó el cheque, así como el director de la oficina. Las acusaciones pretenden determinar si la actuación del banco fue correcta. Ambos sostuvieron que cuando llegó el dinero se comprobó cuál era su procedencia y que siendo estos fondos lícitos no podían hacer nada más. El dinero se ingresó en una cuenta antigua de la Fundación abierta en el año 2008 y que volvió a activarse con la llegada de estos fondos. Según explicaron, tampoco les llamó la atención que fuera el presidente del Hércules Carlos Parodi y no hay alguien de la Fundación quien operara con dicha cuenta, asumiendo que tras ambas entidades se encontraban las mismas personas, algo que ocurre habitualmente cuando se opera con empresas que pertenecen a un mismo grupo.
Los responsables del banco insistieron en que se pusieron en marcha todos los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y que no había nada irregular. Según explicaron, no se recibió ningún aviso de embargo y solo empezaron a recibir peticiones de información de la Agencia Tributaria con posterioridad. El respeto de los protocolos de prevención de blanqueo de capitales fue algo en lo que hicieron énfasis las defensas en los interrogatorios, mientras que desde el Ministerio Público se subrayaba que no era ése el delito que se investigaba, sino un alzamiento de bienes.
El próximo mes de septiembre comparecerán otros empleados del banco en calidad de testigos precisamente para ser interrogados sobre los protocolos de prevención de blanqueo.
El primero en declarar fue el secretario de la Fundación Hércules José María Caruana, cuyo interrogatorio ha sido breve, de apenas de diez minutos, en el que se ha acogido a su derecho a responder solo a las preguntas de su defensa, para negar la existencia de cualquier tipo de irregularidad. Parodi, así como el vicepresidente del club, Valentín Botella y el apoderado de la Fundación, José León. Solo Parodi respondió al fiscal, mientras que los otros dos solo contestaron a sus defensas. Los responsables de la Caja Rural citados también respondieron al Ministerio Público, pero no aceptaron preguntas del letrado de la acción popular.
Los responsables del club presentaron esa misma mañana ante el juzgado la documentación con la que pretenden acreditar cuál fue el destino de los dos millones de euros percibidos por el traspaso del jugador. Según su versión, el dinero fue destinado al pago de deuda y gastos imprescindibles para la viabilidad del club, entre ellos pagos a la propia Agencia Tributaria destinados a reducir la deuda. También se ha entregado por escrito el Plan de Prevención de Riesgos Penales de la entidad.
Aplazada la comparecencia del inspector de la Agencia Tributaria
Problemas técnicos impidieron este jueves la declaración judicial de uno de los testigos clave, el inspector de Hacienda que ha elaborado el informe en el que se ha basado la querella de la Fiscalía que puso en marcha todo el procedimiento. Los equipos informáticos del Palacio de Justicia de Benalúa no pudieron conectar con el funcionario, que iba a testificar por vía telemática. Ante esta incidencia, el juzgado ha aplazado la comparecencia hasta el próximo mes de septiembre y ya se ha vuelto a citar al inspector. Las pesquisas quedan paralizadas hasta después del verano, mientras desde las defensas se intenta llegar a algún acuerdo con la Agencia Tributaria. J.A.M./M.G.
