La jueza del caso del posible alzamiento de bienes del que se acusa al Hércules Club de Fútbol ha acordado seguir el proceso contra el club alicantino y lo archiva para Caja Rural.

La magistrada ha dictado un auto en el que acuerda incoar procedimiento abreviado contra cuatro personas físicas y dos entidades, al entender que de las diligencias practicadas aparecen acreditados indiciariamente los indicios de delito que motivaron la apertura de la causa.

Estos investigados son las entidades Hércules Club de Fútbol SAU y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, como personas jurídicas, así como las personas físicas siguientes:

Carlos P.G. (Presidente del Consejo de Administración del Hércules CF y miembro de la comisión ejectuvia de la Fundación)

Valentín B.R. (presidente de la comisión ejecutiva de la Fundación y consejero del Hércules CF)

José Francisco Javier L.B. (vicepresidente y secretario de la comisión ejecutiva de la Fundación)

José María C.O. (vocal y secretario del Patronato de la Fundación)

La magistrada acuerda en cambio en el auto, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación, el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados (la entidad Caja Rural y el director de una sucursal de la misma firma) al considerar que las diligencias de investigación practicadas "no sustentan la tesis incriminatoria inicial mantenida por el querellante".

El inspector del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria que el pasado viernes declaró ante la magistrada que investiga a la cúpula del Hércules CF y a Fundación Hércules por un delito de alzamiento de bienes no tiene dudas de que hubo «ánimo de ocultamiento» de los dos millones que el Barça pagó por el traspaso del juzgador blanquiazul Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde y ahora recién incorporado a la plantilla del Osasuna, incumpliendo la obligación de saldar la deuda que la entidad tenía contraída desde 2011 con las arcas públicas. 

La Fiscalía y la Agencia Tributaria sostienen que el dinero se desvió a una cuenta de la Fundación donde se troceó en 34 cheques que fueron cobrados a los pocos días, maniobra con la que los investigados buscaban eludir dicho embargo.

La querella de la Fiscalía de Alicante se presentó el pasado junio tras una denuncia de la Agencia Tributaria, que viene reclamando a la entidad blanquiazul el pago de una deuda de tres millones y medio arrastrada de un concurso de acreedores del club del año 2011. 

Ante la magistrada María Luisa Carrascosa el inspector calificó de «singular» el convenio que el Hércules firmó en su día con la Agencia Tributaria y explicó que la entidad pagó regularmente hasta 2016, momento en que dejó de hacerlo y por lo que en enero de 2017 tuvieron que denunciarlo.

Agregó que se ejecutaron las garantías pero que no se pudo cobrar nada, por lo que se activó la vía ejecutiva. Cuando supieron que el club había percibido dos millones por el traspaso de Abde, cerrado en agosto de 2020, se pusieron en contacto con Caixabank, que fue la entidad que emitió el cheque, y con la Caja Rural, que comprobó que el origen de los fondos no era ilegal y atendió todos los requerimientos de información que le hizo Hacienda, precisó el inspector. Esta entidad, también investigada en el marco de estas diligencias, ha quedado fuera de las mismas al término de esta fase del procedimiento. 

El funcionario coincidió con los investigados en que parte de esos dos millones se emplearon en pagar nóminas, impuestos y gastos corrientes del club. Pero para saldar los tres millones y medio de la deuda que el Hércules tenía contraída con Hacienda sólo se dedicaron 480.000 euros. 

Incidió también en que la entidad deportiva desoyó las peticiones de información de Hacienda sobre lo que había hecho con los 34 cheques de 60.000 euros en los que troceó lo percibido por Abde. Algo que interpreta como un «ánimo de ocultación» de ese ingreso para no hacer frente a sus obligaciones con la Agencia Tributaria y un modo de actuar "impropio de un deudor de buena fe».  

El dinero no estaba en una cuenta que se reactivó después años inoperativa sino en los cheques. Y cuando se pidió embargar los saldos, no había nada que embargar, se concretó ayer durante las declaraciones.

En cuanto al traspaso de fondos a la Fundación desde el club blanquiazul, el testigo lo calificó de «ficticio» dado que, según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, no había nada que lo justificara.  

Sobre la propuesta de acuerdo que, una vez iniciada la reclamación por vía ejecutiva, el Hércules realizó a la Agencia Tributaria, explicó que se desestimó «porque las garantías no eran ciertas» y «porque no nos fiábamos».

La jornada del pasado viernes, la tercera de unas declaraciones que comenzaron a mediados de julio con la cúpula del Hércules y de la Fundación y siguieron con los responsables de la Caja Rural, puso fin a las diligencias acordadas hasta el momento y que podrían ampliarse de dar luz verde la jueza a las que soliciten las partes, donde también está la Abogacía del Estado, aunque la idea es no prologar en exceso la instrucción.