La jueza concluye que el Hércules ocultó los dos millones del traspaso de Abde para no pagar a Hacienda
La magistrada procesa al club blanquiazul, a la Fundación, a sus respectivos presidentes y a dos patronos por un delito de alzamiento de bienes.Todos los encausados eran conocedores de esta operativa, afirma la instructora

Parodi, en primer plano, con su Ignacio Gally, su abogado. Detrás, el patrono Francisco Javier León y la letrada Sofía Moreno. / Alex Domínguez
Existen indicios sobrados de que los responsables del Hércules C. F. y de la Fundación Hércules maniobraron para ocultar a Hacienda los dos millones que pagó el Barça por el traspaso del jugador Abdessamad Ezzalzouli (Abde) y burlar así la obligación de saldar la deuda que el club blanquiazul tiene contraída con las arcas públicas desde 2013 por el concurso de acreedores declarado dos años antes.
Es la conclusión a la que ha llegado la magistrada María Luisa Carrascosa, quien ha instruido las diligencias abiertas tras la querella que por estos hechos presentó la Fiscalía de Alicante. Actuaciones por las que las jueza acaba de dictar auto de pase a procedimiento abreviado, lo que viene a ser el procesamiento de las cuatro personas físicas investigadas: los presidentes del club de fútbol y de la Fundación, Carlos Parodi y Valentín Botella respectivamente, y los patronos José Francisco Javier León y José María Caruana, así como a las dos entidades por un delito de alzamiento de bienes. Un cargo que, aún en el supuesto de que ahora se decidiera pagar esa deuda, será difícil que no les siente en el banquillo.
Por contra, la magistrada cierra las actuaciones para la Caja Rural y el director de una de sus sucursales, contra quienes también se dirigía la querella de la Fiscalía, porque la entidad bancaria «actuó conforme a la normativa» y «no consta que cooperara de ninguna manera con los querellados en la actividad delictiva», afirma.
En un auto contra el que cabe recurso, la magistrada hace suyo el relato de los hechos del fiscal Martín López Nieto y de la Abogacía del Estado y sostiene que Parodí, en vez de ingresar los dos millones que cobró por el traspaso del jugador en la cuenta que el club deportivo tiene en el Sabadell, lo hizo en otra abierta por la Fundación en la Caja Rural que llevaba varias años inactiva.
Como acreditado tras las diligencias practicadas considera que jueza que tal endoso se hizo «para evitar un nuevo embargo», de los que la cuenta del Hércules había sufrido varios desde 2017. Y «evitar la pérdida de una cantidad», que se troceó en 33 cheques de 60.000 euros y uno de 15.772 «a favor del Hércules, vaciando así la cuenta bancaria de la Fundación», recoge el auto.
La instructora considera que no hay nada que justificara el ingreso de los dos millones a la Fundación dado que «no tenía actividad económica de ningún tipo, ni trabajadores a su cargo, ni sede física o de otro tipo». De todas estas operaciones eran conocedores los cuatro investigados, sostiene Carrascosa.
La jueza relata que Parodi abrió una cuenta bancaria a nombre del Hércules «e ingresó 8 de los cheques por importe de 60.000 euros entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre de 2021 haciendo frente con dichas cuantías a diversos gastos del club de fútbol, ingresándolos a medida que iban llegando y cargándose dichos gastos. Si puntualmente sobraban ciertas cuantías una vez abonados los gastos ordenaba que se reintegrara el sobrante en un nuevo cheque evitando así cualquier tipo de traba sobre el sobrante o saldo de la cuenta bancaria».
Después, y hasta marzo de este año, «se han ido ingresando los restantes cheques a través de la misma operativa para el pago de otros gastos del Hércules C.F.». La instructora concluye que «estas operaciones se verificaron por los encausados con la finalidad de eludir el pago de la deuda mantenida por el Hércules con la Agencia Tributaria y para evitar su ejecución. A consecuencia de estos actos, Hacienda no ha podido realizar actos de aseguramiento y ejecución para cobrar de los acusados la deuda tributaria asumida por el acuerdo que mantenían inicialmente con la Hacienda púbica».
El convenio firmado por el Hércules con la Agencia Tributaria tras el concurso de acreedores para el pago de los créditos privilegiados por un importe de 10,4 millones fijaba un abono inicial de dos millones y un calendario de pagos, pero acabó siendo resuelto por Hacienda en 2017 «sin que se haya satisfecho la deuda pendiente hasta la fecha», según recoge el auto.
La magistrada Carrascosa ha dado traslado a la partes para que soliciten el sobreseimiento o la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación.
La defensa de Parodi, que ejerce el letrado Ignacio Gally y a quien la jueza ha negado la declaración del expresidente de la Fundación Miguel Campoy que había solicitado, tiene intención de recurrir el auto. La juez también ha rechazado otra diligencia solicitada por la acusación popular. Considera ambas «intranscendentes» para lo que se está investigando.
Caja Rural «no cooperó en el delito y actuó conforme a la normativa»
La magistrada María Luisa Carrascosa ha dejado fuera del procedimiento a la Caja Rural y a uno de sus directores de sucursal, contra quienes también se seguían las actuaciones, dado que «las diligencias de investigación practicadas no sustentan la tesis incriminatoria inicialmente mantenida por el querellante». Para la jueza, «no consta que la entidad financiera cooperara de ninguna manera con los encausados en la actividad delictiva ni que los ayuda o conociera sus propósitos por más que pudieran pensar que era un práctica o forma de actuar extraña», precisa. Y, en relación a su modo de actuar, añade que «atendieron todos los requerimientos efectuados por la Agencia Tributaria, actuaron conforme a la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales y se limitaron a realizar las actuaciones requeridas por el Hércules y la Fundación como clientes de dicha entidad».
En lo relativo al director aportilla que «en absoluto puede acreditarse, siquiera indiciariamente, su cooperación en la comisión del delito».
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