El Hércules C.F. y la Fundación Hércules han decidido abonar a Hacienda la cantidad que le adeuda de los dos millones que el Barça abonó por el traspaso del jugador Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde. Las cartas de pago se han cursado apenas cinco días después de que la jueza que investiga por alzamiento de bienes a ambas entidades, a sus respectivos presidentes, Carlos Parodi y Valentín Botella, y a dos patronos de la Fundación Javier León y José María Caruana, acordara seguir el proceso para todos ellos (personas físicas y jurídicas) al ver indicios de delito en las actuaciones. 

La magistrada María Luisa Carrascosa hizo suyas las tesis del fiscal Martín López Nieto y de la Abogacía del Estado y sostiene en su auto de lo que vendría a ser el procesamiento de todos los investigados que Parodí, en vez de ingresar los dos millones que cobró por el traspaso del jugador en la cuenta que el club deportivo tiene en el Sabadell, lo hizo en otra abierta por la Fundación en la Caja Rural que llevaba varios años inactiva. 

Y apostilla que lo hizo, troceando además el total en 33 cheques de 60.000 euros y uno de 15.772, para evitar el embargo que pesaba sobre el club deportivo por el incumplimiento del convenio firmado con la Agencia Tributaria tras el concurso de acreedores declarado en 2011. 

Los ingresos se van a realizar es jueves a través del Banco de España. Con los certificados de pago en el mano, el letrado Ignacio Gally, en representación de todos los investigados, los presentará en el juzgado junto a un escrito en el que explica la operación. 

Un documento en el que se precisa que tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria reconocen que 480.000 euros de los dos millones percibidos por Abde sí que se destinaron al pago de la deuda calificada como privilegiada consecuencia de ese concurso. Luego la diferencia es de 1.520.000 euros más los intereses legales de esa cantidad desde el endoso del cheque por el Hércules a la Fundación.

Para que quede constancia del pago por parte de las dos entidades investigadas así como de sus presidentes y patronos, la Fundación abona 1.229.301 euros mientras que los 351.134 restantes los aporta el Hércules y su presidente. De esta cantidad, 60.435 euros corresponden a los intereses calculados desde el momento en que el traspaso de Abde se ingresó en la cuenta de la Fundación, en vez de en la del Hércules, y los restantes 290.698 se corresponden con el resto del principal hasta alcanzar1.520.000 euros. 

Gally concreta en el escrito que presentará esta mañana en el juzgado que con este pago se cubre de forma completa la responsabilidad judicial asociada a la investigación penal, pero aclara que «en ningún caso ha de ser interpretado como un reconocimiento de la responsabilidad penal» de los encausados sino como «una muestra más de que ninguno de los investigados ha pretendido o pretende eludir los pagos de los acreedores del Hércules, incluida la Agencia Tributaria».

En cualquier caso, estos ingresos en las arcas públicas no lleva aparejado el sobreseimiento de las actuaciones penales que desde el pasado verano se siguen por estos hechos tras la denuncia presentada por la Fiscalía por un delito de alzamiento de bienes. 

Desde el Ministerio Público no se pudo ser más claro al afirmar que la acusación pública va a seguir adelante «sí o sí» y que «por el hecho de pagar no deja de haber delito».

No obstante, la reparación del daño haciendo frente a la responsabilidad civil cuando aún no se han presentado los escritos de acusación abre la puerta a posibles rebajas en la pena «pero nunca a solicitar el sobreseimiento de las actuaciones. La causa sigue su curso y ya se valorarán los atenuantes», concretaron desde la Fiscalía.

Para Gally no solo es de vital transcendencia que el daño esté reparado sino que ni tan siquiera aprecia la existencia de delito.

El convenio firmado por el Hércules con la Agencia Tributaria tras el concurso de acreedores para el pago de los créditos privilegiados por un importe de 10,4 millones fijaba un abono inicial de dos millones y un calendario de pagos, pero acabó siendo resuelto por Hacienda en 2017 «sin que se haya satisfecho la deuda pendiente hasta la fecha», según recoge el auto. 

Las actuaciones también se iniciaron en un principio contra la Caja Rural, donde estaba abierta la cuenta de la Fundación en la que se ingresó el traspaso de Abde, pero la jueza archivó el caso para entidad financiera por entender que «actuó conforme a la normativa» y «no consta que cooperara de ninguna manera con los querellados en la actividad delictiva»