La Fiscalía de Alicante ha solicitado penas que implicarían el ingreso en prisión para el presidente del Hércules C.F, Carlos Parodi; para su homólogo al frente de la Fundación Hércules, Valentín Botella, y para el patrono de esta institución José Francisco Javier León Barahona por el delito de alzamiento de bienes en el caso Abdé. Para Parodi pide tres años de cárcel y dos y medio para los otros dos acusados. Para el también patrono e igualmente investigado José María Caruana solicita el sobreseimiento de las actuaciones al entender que no ha quedado suficientemente acreditada su participación en los hechos.

El Ministerio Público considera a los tres acusados responsables de haber ocultado a Hacienda los dos millones que el equipo blanquiazul cobró del Barça por el traspaso del jugador cuando existía el compromiso de saldar la deuda contraída con las arcas públicas desde que el club alicantino fue declarado en concurso de acreedores en 2011.

La petición de pena se produce cuando tanto el Hércules como la Fundación han saldado la cantidad que se les reclamaba. El pago se realizó el pasado septiembre, cinco días después de que la magistrada María Luisa Carrascosa, instructora del proceso, hubiera acordado la continuación del mismo al entender que existen indicios de un alzamiento de bienes.

La Fundación abonó 1.229.301 euros mientras que los 351.134 restantes los aportó el Hércules y su presidente. De esta cantidad, 60.435 euros corresponden a los intereses calculados desde el momento en que el traspaso de Abde se ingresó en la cuenta de la Fundación, en vez de en la del Hércules, y los restantes 290.698 se corresponden con el resto del principal hasta alcanzar1.520.000 euros. Previamente se habían pagado 480.000.

Por ello, acusador público entiende que concurre la atenuante cualificada de reparación del daño y, aunque insta a que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, no se menciona cantidad alguna ya que se consideraría saldada.

Junto a las tres personas físicas figuran también acusados en este proceso y por el mismo delito de alzamiento de bienes el Hércules y la Fundación, personas jurídicas para las que se reclaman multas de alrededor de 90.000 y 67.500 euros respectivamente, además de la inhabilitación para optar a subvenciones y ayudas públicas así como para contratar con el sector público y disfrutar de beneficios fiscales durante cinco años.

La magistrada concluyó que existen indicios de que  los responsables del Hércules C. F. y de la Fundación Hércules maniobraron para ocultar a Hacienda los dos millones que pagó el Barça por el traspaso del jugador Abdessamad Ezzalzouli (Abde) y burlar así la obligación de saldar la deuda que el club blanquiazul tiene contraída con las arcas públicas desde 2013 por el concurso de acreedores declarado dos años antes. 

La Fiscalía una querella por estos hechos que inicialmente también se dirigió contra la Caja Rural y el director de una de sus sucursales, actuaciones que la instructora sobreseyó porque la entidad bancaria había actuado "conforme a la normativa" sin que conste que "cooperara de ninguna manera con los querellados en la actividad ilícita".

El fiscal Martín López Nieto ha sostenido durante todo el proceso que los investigados, con el ánimo de ocultar a la Agencia Tributaria el cobro de esos dos millones por Abde, y evitar así que se destinaran al pago de los créditos privilegiados fruto del acuerdo suscrito con la entidad, no ingresó el cheque del traspaso en la cuenta que el Hércules tenía en el Sabadell sino en otra aperturada a nombre de la Fundación en la Caja Rural.

Como acreditado tras las diligencias practicadas se considera que tal endoso se hizo «para evitar un nuevo embargo», de los que la cuenta del Hércules había sufrido varios desde 2017. Y «evitar la pérdida de una cantidad», que se troceó en 33 cheques de 60.000 euros y uno de 15.772 «a favor del Hércules, vaciando así la cuenta bancaria de la Fundación», recoge el auto de de lo que vendría a ser el procesamiento.

Ingreso sin causa

La instructora consideraba que no hay nada que justificara el ingreso de los dos millones a la Fundación dado que «no tenía actividad económica de ningún tipo, ni trabajadores a su cargo, ni sede física o de otro tipo». Y relataba que Parodi abrió una cuenta bancaria a nombre del Hércules «e ingresó 8 de los cheques por importe de 60.000 euros entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre de 2021 haciendo frente con dichas cuantías a diversos gastos del club de fútbol, ingresándolos a medida que iban llegando y cargándose dichos gastos. Si puntualmente sobraban ciertas cuantías una vez abonados los gastos ordenaba que se reintegrara el sobrante en un nuevo cheque evitando así cualquier tipo de traba sobre el sobrante o saldo de la cuenta bancaria». 

Después, y hasta marzo de este año, «se han ido ingresando los restantes cheques a través de la misma operativa para el pago de otros gastos del Hércules C.F.». La instructora concluía que «estas operaciones se verificaron por los encausados con la finalidad de eludir el pago de la deuda mantenida por el Hércules con la Agencia Tributaria y para evitar su ejecución. A consecuencia de estos actos, Hacienda no ha podido realizar actos de aseguramiento y ejecución para cobrar de los acusados la deuda tributaria asumida por el acuerdo que mantenían inicialmente con la Hacienda púbica».

El convenio firmado por el Hércules con la Agencia Tributaria tras el concurso de acreedores para el pago de los créditos privilegiados por un importe de 10,4 millones fijaba un abono inicial de dos millones y un calendario de pagos, pero acabó siendo resuelto por Hacienda en 2017 «sin que se haya satisfecho la deuda pendiente hasta la fecha».

Apariencia de legalidad

La Fiscalía considera que el Programa de Prevención de Riesgos Penales, más conocido como Compliance Penal, suscrito por el Hércules C.F. para instaurar en el club una política que impidiera la comisión de delitos, no tenía otro objeto que dar una apariencia de legalidad tanto a las actuaciones de la entidad como a las de sus dirigentes. De hecho, entiende el acusador público que no se estableció en su organigrama de funcionamiento un departamento específico con autonomía respecto a la dirección de club y que contara con personal y recurso propios para poner en macha ese compliance. La Fundación ni tan siquiera lo tenía lo vigente.

La deuda del Hércules con Hacienda después de estos hechos ascendía a más de 3,5 millones.