El Gobierno de Reino Unido ha indicado que está "decepcionado" por la decisión del Ejecutivo de Ecuador de conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra en la legación diplomática ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia donde se enfrenta a los cargos de abuso sexual contra dos mujeres.

El ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, ha anunciado este jueves su decisión de conceder asilo político a Assange por considerar que si es extraditado "no tendría un juicio justo" y podría ser víctima de un "trato cruel o degradante".

"Estamos decepcionados por el comunicado del ministro de Exteriores ecuatoriano de que Ecuador ha concedido asilo político a Julian Assange", ha indicado el Ministerio de Exteriores británico.

Sin embargo, en la nota el Ministerio advierte de que el Ejecutivo británico sigue estando "dispuesto a encontrar una solución negociada" que le permite cumplir con su obligación de extraditar a Assange a Suecia.

Obligación legal de extraditar a Assange

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Reino Unido había reiterado que el gobierno ecuatoriano tiene la "obligación legal" de extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Suecia para que responda por la supuesta comisión de varios delitos sexuales en el país escandinavo.

"En las conversaciones que hemos mantenido, hemos expuesto insistentemente nuestra posición a Ecuador: Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar al señor Assange a Suecia y estamos decididos a cumplir con dicha obligación", ha sostenido.

Estas declaraciones se producieron después de que el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Partiño, revelara en una rueda de prensa que Reino Unido ha amenazado con asaltar la Embajada del país andino en Londres para detener a Assange.

Para ello Reino Unido se basa en la Ley de Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que permite revocar la inmunidad de las misiones diplomáticas acreditadas en territorio británico. No obstante, se trata de una norma nacional, que carece de prioridad sobre los tratados internacionales suscritos por Reino Unido.