Los primeros meses del posbrexit están siendo tan conflictivos como los cuatro años de negociaciones previas, como consecuencia de la decisión de la anterior premier británica, Theresa May, y de su sucesor, Boris Johnson, de optar por un ‘brexit duro’, con la salida del mercado único europeo y de la unión aduanera. La falta de vacunas contra la covid en la UE ha creado un foco adicional de tensión, con la amenaza de la Comisión Europea de vetar la exportación de dosis producidas en la UE al Reino Unido si AstraZeneca sigue incumpliendo sus contratos.
Johnson y los conservadores británicos argumentaron que era indispensable una ruptura completa con la UE para que el Reino Unido pudiera recuperar su plena independencia y pudiera volver a desempeñar su papel de gran potencia global, soslayando que el tamaño de su economía es la mitad de la de Japón, cinco veces más pequeña que la de la UE o de la de China y casi ocho veces menor que la de Estados Unidos.
Las primeras escaramuzas comenzaron en enero con la exigencia injustificada de documentación adicional a los residentes europeos en el Reino Unido por la policía británica, la oferta de incentivos financieros a residentes europeos para que abandonaran el Reino Unido, la insuficiente preparación de los controles aduaneros británicos y la confiscación de bocadillos a los camioneros británicos por los aduaneros cuando desembarcaban en Países Bajos por la prohibición de importaciones personales de carne y lácteos.
Londres dio un salto político al degradar el estatuto diplomático del embajador de la UE. Johnson también se ha mostrado poco interesado en activar muchos de los comités de coordinación previstos en el tratado de salida y en el acuerdo comercial, mientras prima los contactos bilaterales con los Veintisiete en detrimento del diálogo con la UE.
La crisis de las vacunas condujo a un grave traspié de la Comisión Europea y a una humillante disculpa pública a principios de febrero por haber propuesto controles a la exportación de dosis en la frontera irlandesa, lo que hubiera violado el protocolo norirlandés del brexit.
Y ahora, es Irlanda del Norte el punto más conflictivo. Para preservar el Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998, no puede existir un control fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero la exigencia británica de salir del mercado único europeo y de la unión aduanera implica que en algún punto debe establecerse un control aduanero para preservar la seguridad del mercado europeo. El protocolo del brexit establece que Irlanda del Norte seguirá rigiéndose por la mayoría de normas del mercado europeo y que el control aduanero de los bienes procedentes de Gran Bretaña se realizará en los puertos de llegada a Irlanda del Norte.
El temor en las islas británicas
Los unionistas protestantes norirlandeses (DUP) y los conservadores británicos temen que esa frontera aduanera en el mar de Irlanda lleve a la fragmentación del Reino Unido y a la reunificación de Irlanda. Con la excusa de garantizar los suministros a Irlanda del Norte, Johnson decidió el 3 de marzo prolongar la exención de control aduanero a la mayoría de productos hasta octubre.
La UE respondió esta semana iniciando dos acciones legales contra el Gobierno británico por violación del tratado de salida y del acuerdo comercial, que pueden conducir a sanciones financieras y a penalizaciones arancelarias a los productos británicos. Los unionistas del DUP, por su parte, planean cuestionar la constitucionalidad del protocolo norirlandés, argumentando que vulnera el Acta de Unión de 1800.
Las exportaciones a la UE cayeron un 59,5% en enero y las exportaciones de la UE al Reino Unido se redujeron un 27,4%
Las exportaciones a la UE cayeron globalmente el 59,5% en enero (un 65% en Irlanda) y las exportaciones de la UE al Reino Unido se redujeron el 27,4%, según Eurostat, debido básicamente a los costes añadidos y las complicaciones derivadas de los nuevos controles aduaneros.
En el horizonte apuntan nuevos conflictos posbrexit entre Londres y la UE, porque aún quedan por resolver cuestiones cruciales, como el acceso de los bancos y firmas financieras al mercado europeo y la regulación sobre el flujo de datos personales. Y la nueva legislación que planea Johnson para impulsar su plan tecnológico e industrial podría ser considerada por la UE como competencia desleal.
