El Senado de Brasil ha instalado este martes la Comisión Parlamentaria de Investigación (CIP) al Gobierno de Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia, que ha dejado ya más de 395.000 fallecidos y 14,4 millones de casos en el país.

Los miembros de la CPI han ratificado al senador independiente Omar Aziz como presidente y al opositor Randolfe Rodrigues como vicepresidente, mientras Renan Calheiros ha sido designado como relator del comité pese a las protestas los aliados de Bolsonaro.

Los nombramientos ya se habían acordado hace un par de semanas, pero el de Calheiros nunca acabó de convencer a los aliados del presidente, que en la comisión son minoría, después de que Aziz avanzara que sería el diputado del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) el encargo de dirigir las investigaciones.

Si bien el plan de trabajo de la comisión se votará este jueves, el relator ha presentado una propuesta inicial de acciones en la que se apuesta por convocar a todos los ministros de Salud del Gobierno durante el mandato de Bolsonaro, el actual, Marcelo Queiroga, y los exministros Eduardo Pazuello, Luis Henrique Mandetta y Nelson Teich.

Este planteamiento ha provocado protestas de los miembros de la CPI aliados del Gobierno, que han solicitado un plazo de 24 horas para hacer sugerencias sobre el plan de trabajo.

Calheiros también ha abogado por solicitar el contenido íntegro de los procesos administrativos, contratación y todo lo relacionado con la adquisición de vacunas e insumos, así como las regulaciones hechas por el Gobierno sobre medidas como el aislamiento social o la cuarentena.

Asimismo, ha demandado pedir los registros de acciones relacionadas con medicamentos sin eficacia probada, documentos y relacionados con las estrategias y campañas de comunicación del Gobierno y el Ministerio de Salud, e información sobre la planificación y criterios para la definición de recursos para combatir la COVID-19 y su distribución entre las entidades subnacionales, según recoge G1.

También ha apuntado a la petición de contratos y ajustes del Gobierno que acabaron en transferencias de recursos a estados y capitales y pedir a la autoridades de Manaos que envíen las solicitudes de asistencia remitidas al Ejecutivo. Por último, el relator ha apostado por convocar al presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, pedir al Tribunal Supremo compartir las investigaciones de noticias falsas.

Durante esta primera sesión de la comisión, celebrada de forma semipresencial, Calheiros ha aclarado que "no estamos aquí para idear acciones persecutorias" y ha aseverado que "el país tiene derecho a saber quiénes contribuyeron a las miles de muertes, quienes deben ser castigados de manera inmediata y emblemática".

Por su parte, Aziz ha incidido en que "no se puede discutir temas políticos (en el marco de la investigación) sobre casi 400.000 muertos (cifra de fallecidos por COVID-19 a los que se acerca Brasil)", informa el medio brasileño UOL.

Polémica con Guedes y Ramos

Mientras ha comenzado la investigación al Gobierno por su respuesta a la pandemia, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el de Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, se han visto envueltos este martes en sendas polémicas por sus declaraciones en una reunión del Consejo de Salud Complementaria retransmitida a través de redes sociales.

En la misma, Guedes ha asegurado que los chinos "inventaron el virus" y ha cuestionado la calidad de las vacunas desarrolladas en este país al decir que son "menos efectivas que la estadounidense".

Ramos, por su parte, ha afirmado en la cita que se ha vacunado contra la COVID-19 a "escondidas" porque así se lo pidieron y que intenta convencer a Bolsonaro de que se inocule, según informa Folha de Sao Paulo.

"No me da vergüenza, no. Seré honesto porque, maldita sea, yo, como cualquier ser humano, quiero vivir", ha dicho el ministro de Casa Civil al de Economía. Ninguno de ellos sabía que su conversación estaba siendo retransmitida.

Vacunas y cifras

En este contexto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha pedido este martes al Instituto Butantan información para evaluar si autorizaría el primer estudio clínico en humanos del inoculador Butanvac, que hasta ahora se ha probado solo en animales, ya que la solicitud de la institución y su protocolo de ensayo estaban incompletos y no cumplían los requisitos.

Ahora, el Instituto Butantan tiene 120 días para presentar la información demandada, momento hasta el que se paralizará la opción de las pruebas en voluntarios.

Mientras tanto, Brasil ha sumado 3.086 fallecidos más y 72.140 casos en la última jornada, según el último balance del Ministerio de Salud.

El país acumula 395.022 decesos y 14.441.563 positivos confirmados desde que estalló la pandemia.