Como sucede con el 'Big Tobacco' o el 'Big Pharma', las grandes y poderosas industrias del tabaco y las farmacéuticas, Estados Unidos sufre el impacto y las consecuencias del dominio de la "Big Ag" y el "Big Meat", que controlan la agricultura y la carne. Es un oligopolio que ha ido creciendo exponencialmente y consolidándose en las últimas cuatro décadas en el país. Y el presidente Joe Biden, y más ambiciosamente aún el senador demócrata Corey Booker, han puesto en la diana al sistema.
Para Biden la lucha se enmarca en su agenda amplia de combate contra los monopolios y en los esfuerzos para frenar la disparada inflación, de la que un 25% proviene del aumento del precio de la carne. Ya en julio dictó una orden ejecutiva que instaba al Departamento de Agricultura a ser más agresivo en la investigación de posibles violaciones de una ley de 1921 diseñada para asegurar competición justa y proteger al consumidor. En diciembre ese departamento recibió una carta de los fiscales generales de 16 estados, incluyendo pesos pesados agrícolas gobernados por los republicanos como Iowa, urgiéndole a una lucha más efectiva contra la manipulación y el fraude en el mercado de la carne. Y el mandatario empezó el año con una reunión el 3 de enero con pequeños granjeros en la que anunció y detalló un plan para apoyarles con 1.000 millones de dólares y ayudarles a independizarse. "El capitalismo sin competición no es capitalismo, es explotación", les dijo el mandatario.
El dominio de cuatro corporaciones
Aunque hay dos millones de granjas en EEUU y las pequeñas familiares representan el 89%, son el 5% de las grandes las responsables del 60% de la producción de carne. Y están sometidos a los precios y condiciones fijados por cuatro grandes corporaciones trasnacionales dedicadas al procesamiento y empaquetado, que son quienes hacen de intermediario entre el granjero y el vendedor. Esas cuatro empresas (Cargill, Tyson, la brasileña JBS y National Beef Packing, también parte de un conglomerado brasileño) controlan respectivamente el 85% del mercado de vacuno, el 70% del porcino y 54% del pollo en EEUU. Durante la pandemia subieron un 300% sus beneficios.
Su dominio y su sistema ha disparado en EEUU la presencia y el peso de las macrogranjas industriales, también denominadas Operaciones Concentradas de Alimentación Animal o CAFOs por sus siglas en inglés. Y según denuncian numerosos expertos y analistas y asociaciones como Food & Water Watch, este modelo de granja industrial dominante asfixia a las comunidades y al pequeño granjero independiente estadounidense, que entra a menudo en una espiral de deuda y que se lleva solo 14,3 centavos de cada dólar que los estadounidenses gastan en comida. El 70% de los granjeros de pollo, por ejemplo, viven bajo el nivel de pobreza. Y en el mundo agrícola la tasa de suicidio es 3,5 veces mayor que la de la población general.
El modelo, se denuncia también, contribuye al cambio climático y la deforestación, dispara la contaminación del aire y de tierras y acuíferos, eleva el riesgo de enfermedades y amenaza la seguridad alimentaria y está lastrado, además, por condiciones laborales peligrosas e injustas y el abuso animal.
La propuesta de Booker
Aunque las medidas planteadas por Biden han sido bien recibidas (salvo por los representantes de la industria), quienes abogan por una transformación más radical piden al mandatario que respalde e impulse en el Congreso la propuesta de Ley de Reforma del Sistema de Granjas presentada por Booker. Esa norma impondría un paso que ya en 2019 pidió la Asociación Americana de Salud Pública: una moratoria inmediata en la apertura de nuevas macrogranjas industriales o en la ampliación de las ya existentes (entre 2011 y 2017 crecieron un 7,6%).
La propuesta de Booker potenciaría también la producción regenerativa, crearía un fondo de 100.000 millones de dólares para ayudar a los granjeros a hacer la transición que les aleje del modelo de macrogranja, que se pretende eliminar gradualmente hasta su desaparición en 2040, y traspasaría a las grandes corporaciones multas y responsabilidad por la contaminación de la que ahora se desentienden. Además, , como el plan de Biden, potenciaría los controles para garantizar el "made in America" que ahora las grandes corporaciones sortean con ganado criado fuera de las fronteras de EEUU pero procesado y empaquetado en el país.
Aunque de momento la propuesta de ley solo tiene respaldos demócratas y tiene garantizada la feroz oposición de los lobis y un via crucis legal, en las primeras sesiones en que se ha abordado en el Senado se ha comprobado que despierta simpatías en algunos republicanos, especialmente de estados agrícolas. Eso, en un Congreso tan polarizado y bloqueado como el de EEUU, es noticia.
