Naciones Unidas sigue, como la comunidad internacional, sin reconocer al gobierno de los talibanes que se hizo con el poder en Afganistán en agosto tras la abrupta retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos tras 20 años de guerra pero este jueves ha aprobado en el Consejo de Seguridad una resolución que renueva y da fuerza al mandato de la misión política en el país. Ese mandato establece una relación con “todos los actores políticos relevantes y partes interesadas, incluyendo conforme sea necesario las autoridades relevantes”, lo que en la práctica significa con los talibanes, a los que la resolución no menciona por nombre.

El documento, preparado por Noruega y sometido a intensas negociaciones, ha sido aprobado con 14 votos a favor. Solo Rusia, que quería que el texto mencionara a “las autoridades de facto” y solicitaba también la aprobación de la presencia de la ONU por parte del país anfitrión, se ha abstenido. Pese a no usar su poder de veto, el embajador ruso, Vasili Nebenzia, ha criticado que no se haya consultado con el gobierno afgano y ha denunciado la “obstinada ignorancia de las nuevas realidades” desde que los talibanes se hicieron con el poder.

Mujeres, derechos humanos y gobierno

La resolución renueva por un año UNAMA, la misión de la ONU en Afganistán, autorizando tanto a esa misión como a la representante especial de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, a “trabajar estrechamente” con las autoridades. Pone el foco en la promoción en Afganistán de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, “incluyendo educación y la participación y liderazgo completos, igualitarios, significativos y seguros a todos los niveles y en todas las etapas de la toma de decisiones”.

La misión también promocionará los derechos humanos de todos los afganos y un gobierno inclusivo y representativo. Aunque los talibanes prometieron esa inclusión y representación el gobierno es mayoritariamente pastún y no tiene ninguna mujer.

“De ninguna manera implica reconocimiento”

Mona Juul, la embajadora de Noruega ante la ONU, ha destacado tras la votación que la misión de la ONU “tiene un papel crucial que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad en Afganistán y en apoyo al pueblo afgano conforme encaran incertidumbre y retos sin precedentes”. También ha querido hacer hincapié en que la resolución no representa el reconocimiento formal de los talibanes. “Da a la misión un mandato sólido para interactuar con todos los actores relevantes en todos los aspectos de este mandato. Eso incluye a los talibanes pero de ninguna manera implica un reconocimiento de la ONU de los talibanes”, ha subrayado la diplomática.

La ONU aún no ha aceptado las credenciales de Suhail Shaheen, el portavoz de los talibanes que Kabul designó para ser su embajador ante Naciones Unidas.

Desastre humanitario y económico

Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights Watch, ha declarado que la misión “debe asegurar que seguirá siendo los ojos y oídos de la comunidad internacional en Afganistán” y ha llamado a que “documente e informe de forma regular y pública sobre abusos de derechos humanos, sobre todo las violaciones de los derechos de niñas y mujeres”. Charbonneau también ha urgido a que UNAMA “hable alto y claro sobre el impacto de las sanciones internacionales en la desastrosa situación humanitaria de Afganistán”, donde más de la mitad de los 38 millones de habitantes enfrentan hambre y donde la ONU ha advertido que el 96% de la población podría verse en situación de pobreza este año.

La resolución aprobada este jueves, que contempla la coordinación y entrega de ayuda humanitaria, expresa también la profunda preocupación por la “pésima situación económica y humanitaria” en el país. Lyons, la enviada de la ONU, ya advirtió a principios de mes en otra sesión del consejo de Seguridad de que la economía de Afganistán se dirigía a “un punto irreversible”. El organismo hizo en enero la mayor apelación a donación de fondos de su historia para un solo país, 5.000 millones de dólares, advirtiendo de que se acerca “una catástrofe humanitaria en toda regla”.

Tras la llegada de los talibanes al poder gobiernos e instituciones internacionales congelaron 10.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán fuera del país. La mayoría de esos bienes, 7.000 millones de dólares, están en EEUU, donde los talibanes están designados como una organización terrorista. En febrero el presidente, Joe Biden, firmó una polémica orden por la que, pendiente de decisiones judiciales, la mitad de ese dinero se podría destinar a compensar a familias de víctimas de los atentados del 11-S.