Los países de la Unión Europea consensuaron hoy una postura común en varios de los expedientes clave del gran paquete legislativo 'Fit for 55' para descarbonizar la UE en 2050, lo que permitirá iniciar el próximo otoño la negociación definitiva con el Parlamento Europeo. "Nadie se hace ilusiones de que esta transición vaya a ser fácil, pero la crisis climática y sus consecuencias son claras, por eso es inevitable ", declaró tras unas 16 horas de negociaciones la ministra para la Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Reunidos en Luxemburgo, los titulares de Medioambiente de los Veintisiete consensuaron su posición sobre cinco piezas legislativas de los catorce que conforman la gran hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55% respecto a 1990, como senda para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.

Los Estados miembros fijaron su posición sobre cómo quieren que sea la reforma del mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado sistema ETS que desde 2005 grava el dióxido de carbono que liberan unas 11.000 plantas industriales y el sector de la aviación y piedra angular de la política climática comunitaria desde 2005. Las emisiones cubiertas por ese mercado tendrán que reducirse en un 61% en 2030, según la posición que defienden las capitales, y para lograrlo se irán reduciendo progresivamente los permisos gratuitos de emisión que actualmente pueden usar las industrias para ir adaptando sus tecnologías. Además, el acuerdo entre los países prevé incluir el transporte marítimo en el ETS, pero con un trato favorable para las islas con menos de 200.000 habitantes, así como para sus aeropuertos y los de las regiones ultraperiféricas.

Las capitales defienden además que ese mecanismo genere un Fondo Social del Clima dotado con 59.000 millones de euros entre 2026 y 2032 para ayudar en la transición a los más vulnerables, un monto que supone una significativa reducción respecto a los 72.000 millones de la propuesta original de la Comisión Europea que apoya la Eurocámara.

También consensuaron que se replique un mercado similar, conocido como ETS 2, que gravará los edificios y el transporte rodado a partir de 2028, un año después de lo que proponía la Comisión Europea.