El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este jueves luz verde al presidente Joe Biden para poner fin como quería a “Quedarse en México”, una polémica medida que el gobierno de Donald Trump aprobó en 2018 y puso en vigor en 2019 y que ha estado obligando a muchos solicitantes de asilo en EEUU, sobre todo centroamericanos, a esperar la tramitación de sus casos en el país vecino.
La sentencia ha sido redactada por el presidente del Alto Tribunal, John Roberts, y ha contado con el respaldo del juez conservador Brett Kavanaugh y de los tres magistrados progresistas. Otros cuatro jueces conservadores han disentido, aunque Amy Coney Barrett ha asegurado estar de acuerdo con la mayor parte de la opinión de Roberts.
Violencia y pobres condiciones
Biden prometió nada más llegar a la Casa Blanca acabar con esa política, oficialmente titulada “Protocolos de Protección de Migrantes”, que activistas han denunciado repetidamente como “insegura e inhumana” por exponer a los migrantes en México durante esa espera a pésimas condiciones de vida y peligros. Se han denunciado numerosos casos de secuestros, torturas, violaciones y agresiones.
El demócrata, no obstante, enfrentó el reto legal de los gobiernos republicanos de Texas y Misuri, que lograron que tribunales inferiores le obligara a mantenerla.
La Administración ha argumentado que los costes del programa superan sus posibles beneficios. Ha citado no solo las condiciones peligrosas en que vivían los migrantes sino también las dificultades que enfrentaban para tratar con sus abogados al otro lado de la frontera. El gobierno de Biden también ha defendido que el programa minaba sus objetivos de política exterior y también iniciativas de política nacional y ha asegurado que dificultaba su relación con México.
El gobierno del demócrata por ahora mantiene, obligado también por órdenes judiciales, otra polémica medida que se implementó durante el mandato de Trump para tratar de frenar la llegada de migrantes: la aplicación del Título 42, que con el argumento de emergencia de salud pública durante la pandemia ha estado permitiendo expulsar directamente de EEUU a muchos inmigrantes detenidos tras cruzar la frontera sin papeles.
