Hamza Zbeidat lo detuvieron cuando llegaba a una protesta organizada el pasado mes de agosto. Tras acusarlo de insultar a las “autoridades superiores”, de “reunión ilegal” y de incitar a la “lucha sectaria”, este palestino de 38 años pasó tres días en una celda superpoblada sin apenas ventilación. Al salir de prisión, dio positivo por covid-19. Su experiencia es una más de docenas que registra Human Rights Watch (HRW). Un nuevo informe muestra cómo las autoridades palestinas usan la violencia de forma sistemática contra críticos y opositores.

Hace más de un año, el destacado activista y crítico Nizar Banat murió bajo custodia. La autopsia concluyó que sus pulmones se llenaron de sangre y secreciones. Más de una docena de miembros del cuerpo de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) arrestaron y agredieron violentamente al conocido opositor. Ya había sido detenido antes por su activismo, pero se volvió más peligroso para las autoridades al anunciar sus planes de postularse como independiente en las elecciones legislativas pospuestas del 2021. Entonces, Palestina se levantó. 

Centenares de personas salieron a las calles para denunciar la represión de las fuerzas palestinas. Aquellos que exigían justicia por la muerte de Banat también fueron perseguidos. “Más de un año después de matar a golpes a Nizar Banat, la AP continúa arrestando y torturando a críticos y opositores”, ha denunciado Omar Shakir, el director para Israel y Palestina de HRW. “El abuso sistemático por parte de la AP y Hamás forma una parte crítica de la represión del pueblo palestino”, ha apuntado. El uso sistemático de la tortura en ambos territorios podría constituir un crimen contra la humanidad

Tanto la AP dirigida por Fatah en Cisjordania como de las autoridades de Hamás en Gaza son responsables de la “práctica sistemática de arresto arbitrario y tortura con impunidad”, ha señalado HRW en el informe junto al grupo palestino Abogados por la Justicia. Las fuerzas de seguridad palestinas se burlan y amenazan de forma rutinaria a los detenidos, recurren a la reclusión en régimen de aislamiento y aplican palizas, incluidos azotarles los pies, y obligan a los detenidos a adoptar dolorosas posiciones de tensión durante períodos prolongados, como levantarles los brazos por la espalda con cables o cuerdas, para castigar e intimidar a los opositores y obtener confesiones.

Sin rendición de cuentas

Solo durante el 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 252 denuncias de tortura y malos tratos y 279 de arresto arbitrario contra las autoridades de la AP en Cisjordania. En Gaza, fueron 193 y 97, respectivamente. Pero Hamás ha ejecutado a 28 personas en la Franja desde que tomaron el control político en 2007. Por ello, las partes implicadas en la investigación han exigido que los países dejen de dar ayudas a las fuerzas de seguridad palestinas, sobre todo a la policía de la AP, figura clave de la represión. 

Pero 375 días después del asesinato de Banat, aún no se ha juzgado a los responsables. Pese a que los fiscales presentaron cargos contra 14 agentes de seguridad acusados, las autoridades se mueven con lentitud y parcialidad, tal y como denuncian varios críticos. “Muchos gobiernos dicen que quieren apoyar el estado de derecho en Palestina y, sin embargo, año tras año continúan financiando fuerzas policiales que lo socavan activamente”, ha apuntado Shakir. Estos nuevos y violentos descubrimientos han sido llevados al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que resolverá cómo proceder ante la tortura palestina.