Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos: una trayectoria dedicada a Gaza

Francesca Albanese ha protagonizado una de las confrontaciones más intensas de la diplomacia internacional reciente. Relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados –cargo que ocupa desde el 1 de mayo de 2022–, su labor la ha situado en el centro de un debate global, convirtiéndola a la vez en un símbolo de resistencia y en objetivo de una persistente campaña de acoso a nivel internacional. Su denuncia se ha articulado desde una defensa rigurosa del derecho internacional y de los derechos humanos, con Palestina como eje central de su trabajo y Gaza como el foco principal de esa causa.

Ahora, su trayectoria ha sido reconocida por el Cabildo de Gran Canaria, que le ha concedido el Premio Roque Nublo en el ámbito de la solidaridad internacional. Nunca ha estado en Gran Canaria, reside actualmente en Túnez, un territorio que funciona como punto de confluencia de realidades migratorias estrechamente vinculadas a la de Canarias. Desde allí –y pese a las consecuencias y sanciones derivadas de su dedicación a la denuncia de las violaciones de derechos humanos–continúa con una labor constante de señalamiento y denuncia en el ámbito internacional.

A lo largo de más de una década, desarrolló su trayectoria como experta en derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas, colaborando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina. Desde estos ámbitos, asesoró a la ONU, a distintos gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil en regiones como Oriente Medio, el Norte de África y Asia-Pacífico, centrando su labor en la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como las personas refugiadas y migrantes.

Su faceta académica

En su faceta académica, su obra más reciente, Palestinian Refugees in International Law, se erige como un análisis jurídico de largo aliento sobre la situación de los refugiados palestinos, desde sus orígenes históricos hasta los desafíos que plantea el escenario actual. El libro condensa años de investigación y se ha convertido en una referencia para comprender el encaje –y las carencias y desafíos– del derecho internacional en uno de los conflictos más prolongados del mundo. Paralelamente, imparte clases y conferencias sobre Derecho Internacional y Desplazamiento Forzado tanto en universidades europeas como árabes, y participa con frecuencia en foros académicos y actos públicos dedicados a analizar la situación jurídica de Palestina.

Pero su trabajo académico y jurídico no ha estado exento de consecuencias personales. Las sanciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump han tenido un impacto directo en su labor. Apenas seis días después de la publicación de su segundo informe, el pasado 9 de julio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían las sanciones que ya habían sido impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional. Estas medidas respondían a la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, situando a Albanese en el centro de una ofensiva política sin precedentes contra los mecanismos internacionales de justicia.

La acusación contra ella era, precisamente, de cooperar con el Tribunal Penal Internacional y ser «una amenaza para la economía global». En este contexto, le retiraron su visado y tiene prohibido entrar en Estados Unidos. Una decisión que le impide acudir a la sede de Naciones Unidas –ubicada en Nueva York– a presentar uno de sus dos informes anuales. A esto se añade que le congelaron todos sus bienes, entre ellos su cuenta bancaria y su apartamento en Estados Unidos. Entró en una lista negra que le aparta de todo el sistema bancario internacional y se fijaron penas para cualquier ciudadano estadounidense –incluida su familia– que tenga con ella un intercambio. «En teoría no me pueden invitar a un café, porque les pueden multar con hasta mil millones de dólares o imponerles 20 años de cárcel», explicó en septiembre en la Cámara de Diputados italiana.

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