El Parlamento venezolano aprueba finalmente la ley de minas que abre los yacimientos al capital extranjero

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) profundizó el camino de apertura económica de Venezuela de los últimos tres meses. Los legisladores del oficialismo y la oposición volvieron a levantar juntos la mano como había ocurrido con la ley de Hidrocarburos. Esta vez se aprobó la nueva normativa que regulará la actividad minera. Si bien mantiene la propiedad sobre los yacimientos en poder del Estado, el capital privado tendrá muchas más prerrogativas para que antes del 3 de enero, el día que fuerzas especiales norteamericanas secuestraron a Nicolás Maduro y el país inició un proceso sostenido de transformaciones para alinearse en cuestiones económicas con Estados Unidos. Primero, el petróleo, cuya actividad ha comenzado a articularse en relación con los intereses de la administración de Donald Trump. A partir de ahora ocurrirá lo mismo con el oro, la plata, los diamantes y minerales raros del subsuelo.El proyecto cobró verdadera forma después de una visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a comienzos de marzo. El enviado de Trump volvió a Washington con una enorme sonrisa después de conocer los alcances del proyecto minero de las autoridades interinas.

La ley anterior era de 2013, el año bisagra de Venezuela con la muerte de Hugo Chávez. El texto que la sustituye corresponde a la era post Maduro y facilita las concesiones a empresas extranjeras hasta 30 años, con prórrogas de otros 20. El diputado Orlando Camacho, aliado al Gobierno, confía en que con esta nueva "seguridad jurídica" que incluye el arbitraje externo y limita el horizonte de eventuales expropiaciones, la actividad minera sea "atractiva" para inversores locales e internacionales y ponga fin a la profusa extracción ilegal amparada en las mafias.

La confianza en las posibilidades que se abren a la minería es la que permitió el voto positivo de manera unánime. Ahora, la ley debe ser revisada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Nadie espera sorpresas. La principal instancia judicial siempre ha sido una instancia al servicio del Gobierno.

Jorge Rodríguez, hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, y antiguo azote retórico de la oposición, se permitió esta vez alabar el proceso de "consulta profusa" de una ley que contribuirá a la "construcción de la prosperidad y el futuro".

Velocidades distintas

La aprobación se conoce pocas horas después de que la "presidenta encargada" anunciara una serie de propuestas tendientes a ahondar la senda iniciada el 3 de enero con la mano tendida hacia la oposición. Por el momento, la apertura económica no tiene su correlato en el plano político. Si bien se aprobó la Ley de Amnistía que liberó a centenares de disidentes, los mecanismos de control del post madurismo no se han modificado. Una prueba de ello ha sido el nombramiento del al abogado Larry Devoe como fiscal general de la República contra la opinión de defensores de derechos humanos y académicos, quienes recordaron su desdén hacia las denuncias de hechos represivos cuando ocupaba otros cargos en el Gobierno descabezado.

Mientras se sesionaba en la AN, el estudiante Ort Betancourt Villamizar era detenido en el marco de una marcha de los sindicatos a favor de mejoras salariales y laborales. La manifestación se realizó a pesar del anuncio de Rodríguez de un aumento "responsable" del salario a partir del 1 de mayo. Parte de los sindicatos díscolos volverán a expresarse el 16 de abril, nada menos que frente a la embajada de EEUU, como si fuera Washington y no el Palacio de Miraflores el verdadero receptor de los reclamos.

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