Una masiva protesta universitaria desafía a Milei en las calles en su momento de mayor debilidad política

"Universidad pública siempre", "La ley se cumple", "La patria no se vende, se defiende". Los carteles se multiplicaron en las calles de la ciudad de Buenos Aires donde otra vez se lanzó un nuevo desafío al presidente argentino Javier Milei. La cuarta Marcha Federal Universitaria convocó a una gran multitud en la capital argentina y en las principales provincias argentinas, otra vez para reclamar por el financiamiento de las casas de altos estudios y la recomposición salarial de sus docentes que, desde la asunción del ultraderechista, en diciembre de 2023, perdieron el 35% de su poder adquisitivo. Las movilizaciones masivas encuentran al Gobierno prácticamente paralizado por el efecto del escándalo relacionado con las revelaciones judiciales del llamativo patrimonio del jefe de ministros, Manuel Adorni, acumulado desde que entró en la función pública. El llamado 'Adornigate' impacta con fuerza en la opinión pública. Una reciente encuesta de la consultora Management & Fit da cuenta de que un 54,3% de los consultados rechaza a la actual gestión. La imagen de Milei ha caído al 37,2%, casi diez puntos menos que en febrero.

La primera movilización en defensa de la educación pública tuvo lugar el 23 de abril de 2024. Cerca de un millón de argentinos se expresaron en la ciudad de Buenos Aires y las provincias. La magnitud del conflicto universitario relegó a un segundo plano la noticia sobre una auditoría en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que administraba Diego Spagnuolo, el ex bogado personal de Milei. La investigación encontró sobreprecios de hasta 4000% en la compra de ortopedias, implantes y sillas de ruedas. Spagnuolo es investigado por la justicia debido a las denuncias de sobornos en la compra de medicamentos. El engranaje se ramificaba hasta la secretaría general de la Presidencia que maneja Karina Milei.

La protesta apunta al corazón del programa de ajuste conocido como la 'motosierra'. Las universidades reclaman al Ejecutivo que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, según la cual el presupuesto del sector y los salarios de profesores y empleados deben actualizarse de acuerdo con la inflación que, en los últimos 12 meses, supera al 32%. Esa norma fue sancionada por el Congreso y vetada por el presidente. Las dos Cámaras del Congreso rechazaron ese veto por mayoría amplia. Sin embargo, Milei se niega a acatar lo dictado por la legislatura hace 200 días. El tema está otra vez en manos de la justicia.

Las universidades denunciaron que el presupuesto actual que administran representa apenas el 40% del valor que tenían en enero de 2023. Esa poda afecta actividades académicas, tareas de investigación, programas de extensión, compra de libros, la digitalización e innovación tecnológica, las becas estudiantiles y la infraestructura. "No pedimos el presupuesto de Alemania", ironizó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán. "Sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad", se leyó en uno de los tantos carteles de los manifestantes. La pérdida del poder adquisitivo ha llevado a los profesores al "pluriempleo" o la deserción: se conoce una renuncia docente cada dos días.

Para Milei, la universidad pública es un "centro de adoctrinamiento marxista" que hace "muchísimo daño" al "lavar los cerebros" a los estudiantes. Los datos demuestran, sin embargo, que ha cumplido un papel importante en el proceso de movilidad social en Argentina, aun en momentos de profunda crisis. El 59,5% de quienes ingresaron en 2026 solo a la Universidad de Buenos Aires (UBA) pertenecen a una primera generación que accede a ese nivel educativo. El 57,6% de quienes se graduaron cuando comenzó la era Milei fueron también los primeros de sus familias. "Dejen a la hija del obrero ser doctora", rezaba uno de los carteles a modo de respuesta al presidente. El nuevo aumento del precio de los buses en mayo, de hasta el 11% golpea también a los alumnos de bajos recursos. Desde 2024, los incrementos oscilan entre 700% y 1000%.

Respuesta del Gobierno

Las autoridades han oscilado entre la indiferencia y el desafío en la víspera. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la manifestación de "completamente política". De acuerdo con Álvarez, el reclamo ha dejado de ser sectorial desde el momento que los rectores de las universidades se tomaron una fotografía con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien, en nombre del peronismo, aspira a pelear por la presidencia en las elecciones de 2027.

"La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto", remarcó el funcionario, justo cuando se informó de que el Gobierno contempla nuevos recortes al dinero que recibe el sector educativo. La 'motosierra' se aplicará en el llamado Fondo de Compensación Salarial Docente, "Infraestructura escolar y equipamiento", "Políticas Socioeducativa", que afecta especialmente a las becas, el "Plan Nacional de Alfabetización" y las obras que se realizan en las casas de altos estudios de todo el país. La "motosierra" también apunta contra las políticas de prevención del narcotráfico, el equipamiento de las cárceles, el financiamiento de las fuerzas de seguridad y la obra pública. Argentina debe pagar en 2026 a sus acreedores unos 38.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses. El ajuste es para el Gobierno de ultraderecha la herramienta elegida para cumplir con esas obligaciones.

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