En la trama de subcontratas y sobrecostes de las obras de la red transversal de Calp hay un protagonista sin nombre. El tapado del caso Aguas de Calpe es un alto funcionario del Ayuntamiento que participó, según el testimonio de Salvador Ibarra ante la juez, en la reunión de Zaragoza en la que Francisco Artacho, responsable en la sombra de Obras Hidráulicas de Levante y cuñado del edil del PP Juan Roselló, negoció con el propio Ibarra que hiciera las obras del agua por 2,45 millones de euros.
Esa reunión tuvo lugar entre el 17 y 20 de febrero, que fue cuando se celebraba la feria del agua de Zaragoza (Smagua). La fecha es importante, ya que, mientras el gerente de Montubo Obra Civil se comprometía a hacer el proyecto por 2,45 millones, un mes después, en concreto el 17 de marzo, el PP aprobaba en pleno las obras de la red transversal y cuatro proyectos anexos que en total ascendían a 4,7 millones de euros. El sobrecoste, como luego advertiría la Universitat Politècnica de València, era del 100%.
Pero en aquel encuentro de Zaragoza Artacho e Ibarra no estuvieron solos. Este último, en su declaración ante la juez, indicó que también participaron un funcionario público del Ayuntamiento de Calp y el gerente de Aguas de Calp, José Alberto Mut. Tanto el funcionario como el gerente de la empresa mixta ya conocían entonces el proyecto de la red transversal. De hecho, fuentes del caso aseguran que ese mismo funcionario fue el que el 5 de febrero realizó cinco informes favorables sobre las obras. En todos ellos se alude a que "los precios son adecuados". Así, mientras justificaba los 4,7 millones de las obras, participaba, según el testimonio ante la juez del gerente de Montubo, en una reunión para que la empresa que a la postre sería la subcontrata hiciera la red transversal por 2,45 millones.
Los informes tuvieron luego una importancia capital al contratar el proyecto. Aunque no hacían referencia a la especificidad técnica de la obra ni abundaban en por qué los precios eran "adecuados", sí que le sirvieron al Ayuntamiento y a Aguas de Calpe para contratar la obra directamente -por procedimiento negociado sin publicidad- a la firma Obras Hidráulicas de Levante, cuya actividad originaria era el buzoneo y cuyo gerente en la sombra era Francisco Artacho.
La participación de ese funcionario explicaría que la fiscalía incluyera entre los posibles delitos de esta trama el de negociaciones prohibidas a funcionario público. De los seis imputados, entre los que están el citado Artacho y el concejal del PP, Juan Roselló, que en ese momento era responsable de Aguas, ninguno es funcionario.
El mismo técnico municipal, según las mismas fuentes, firmó otro informe el 8 de octubre de 2004 sobre el estado de ejecución de las obras y uno más el 29 de julio de 2005. Este último justifica que el presupuesto de la obra principal es de casi cuatro millones de euros. Para entonces el gobierno local del PP ya había eliminado las obras de los anexos, ya que la Universitat Politècnica había advertido de que no podían considerarse ni anteproyectos. Ese informe final defiende que apartados como el de adquisición de tuberías y valvulería se mantenga en 1.150.743 euros, pese a que luego Montubo Obra Civil, en su certificación final de las obras, rebajaba este concepto a 723.000 euros.
Finalmente, pese a que todo indica que la subcontrata realizó la red transversal por 2,45 millones, Aguas de Calpe pagó a Obras Hidráulicas de Levante 3,3 millones de euros. No obstante, el sobrecoste puede ser incluso mayor, ya que la Universitat Politècnica y la Comisión de Precios (organismo de la Conselleria de Comercio) valoraron los trabajos ejecutados en 2,2 millones. Por tanto, la diferencia entre lo que se pagó y lo que se hizo es de 1,1 millones de euros.
