Las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil no arrojan demasiada luz sobre los posibles sobornos a cambio de favores urbanísticos. De hecho, la investigación se inició tras 2003, año en el que el PSPV recuperó la Alcaldía de Llíber y se dejaron de dar las licencias ilegales. Sin embargo, sí que hay grabaciones telefónicas en las que el constructor Miguel Muntaner habla con otros promotores sobre posibles acuerdos para que se legalicen las viviendas. En algunas de estas conversaciones, el promotor cita a los otros empresarios en el prostíbulo que tiene en un sótano de la playa de l'Arenal de Xàbia. No obstante, la relación de la prostitución con la trama de Llíber es anecdótica y sólo existe porque el presunto cabecilla de la estafa se dedica también a estos otros negocios.

Muntaner, quien trató de expandir sus intereses urbanísticos en varios pueblos del interior de la Marina Alta, obtuvo en Llíber fuertes comisiones por la compra-venta de terrenos. Aunque a menudo construía también las casas ilegales, los márgenes más grandes de beneficio los lograba al poner en contacto a los propietarios de los terrenos rústicos con agencias inmobiliarias inglesas y alemanas que proporcionaban a los clientes. Numerosos vecinos de Llíber incluso vieron el negocio con buenos ojos, ya que vendieron a precio casi de suelo urbano parcelas no urbanizables.

Recurso

Mientras que Muntaner ya ha abandonado la cárcel, tras depositar una fianza de 100.000 euros, el ex alcalde y su aparejador municipal continúan en prisión. La juez decretó para ellos prisión provisional sin fianza al considerar que existía riesgo de fuga. Los abogados de ambos han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial en el que piden que se les deje en libertad, ya que son personas mayores y con gran arraigo en la comarca. Discrepan, por tanto, de que exista peligro de fuga. En la trama hay una veintena de imputados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho y estafa. También está imputado un notario de Xàbia por una presunta falsedad documental porque, al parecer, una propietaria de terrenos rústicos en Llíber negó ante la Guardia Civil que ella hubiera otorgado poderes a Muntaner para que vendiera sus terrenos. Eran supuestamente falsos.