Enfrentado a una posible falta muy grave que incluso puede acarrearle el despido por hacer su trabajo. En esa situación está el técnico superior de Normalització Lingüística de Dénia, Josep Andrés Torres, a quien el ayuntamiento, a instancias de la alcaldesa, Ana Kringe, del PP, ha abierto expediente disciplinario por realizar un informe en el que advertía de que los nuevos rótulos comerciales y turísticos de la campaña municipal Dénia Shopping incumplen la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià, así como varias disposiciones legales de la Generalitat sobre promoción del valenciano. Que estas señales prácticamente han desterrado el valenciano salta a la vista. Además, se utilizan mal los topónimos e incluso hay errores graves de ortografía.

Pero, en lugar de preocuparse por fomentar el valenciano y corregir las faltas, el gobierno de Dénia parece que ha puesto todo su empeño en castigar al trabajador. Y eso que el técnico, a quien primero avisó de que en los rótulos predominaba abrumadoramente el castellano (las señales horizontales están sólo en este idioma), fue a la alcaldía. Lo hizo a finales de 2010 y pidió un cedé de los carteles para poder corregirlos. No hubo respuesta.

El concejal del Bloc, Josep Crespo, también se sorprendió del aparente menosprecio al valenciano en los nuevos rótulos comerciales. Crespo solicitó el pasado mes de enero a la Oficina Municipal de Promoció del Valencià, de la que es responsable Josep Andrés, un informe sobre esas señales. Ese dictamen no se hizo bajo cuerda, sino todo lo contrario. No había nada que ocultar, ya que precisamente una de las funciones de la Oficina de Promoció del Valencià es "prestar servicio de asesoramiento legal y administrativo en asuntos de derechos lingüísticos".

Pero eso que es una función del técnico responsable se ha convertido para el equipo de gobierno de Dénia en una afrenta. El edil del Bloc hizo públicas las conclusiones del informe en una rueda de prensa y la alcaldesa reaccionó de inmediato. Pero no para corregir los carteles. Pidió que se expedientara al trabajador por una infracción muy grave ya que, supuestamente, no ha guardado el "derecho al sigilo del funcionario".

El expediente, que puede acarrear el despido de este técnico o que se le suspenda de empleo durante seis años, se sustenta en que quien pedía el informe, en este caso el edil del Bloc, debía presentar una instancia por registro de entrada dirigida a la alcaldesa. El concejal fue directo al técnico competente. Y éste hizo su trabajo. Ahora está expedientado "por obviar el procedimiento que debía seguir" y se le imputa una falta muy grave por "utilizar indebidamente información" interna. Pero el dictamen se refiere a unos carteles que están en la calle, a la vista de todos.