La concejala independiente Nievas García, quien con su apoyo hizo posible que el jueves, en el pleno de la moción de censura, que Compromís lograra la alcaldía del Poble Nou de Benitatxell, está cada día más cerca del banquillo. El Fiscal ya ha formulado su escrito de acusación. Y pide 7 años de cárcel para la edil por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de estafa. También plantea que abone una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros (unos 6.000 euros). Mientras, para el otro acusado, el empresario Francisco Bolufer, el Fiscal reclama 6 años de prisión por los mismos dos delitos, pero, en su caso, no existe el agravante de cargo público. La multa sería de unos 3.600 euros.

La concejala, que cometió los supuestos delitos entre 2009 y 2011, cuando era primera teniente de alcalde del PP, ha vuelto ahora al gobierno local del Poble Nou de Benitatxell. Se ha aliado con los tres ediles de Compromís (este partido ha iniciado el procedimiento para expulsarlos) y con Toni Colomer, apartado del PP. La moción de censura presentada por estos ediles apartó el jueves de la alcaldía a Josep Femenia, de Red. El nuevo munícipe es el valencianista Miquel Garcia.

El Fiscal considera que los dos acusados actuaron en connivencia y presentaron en los bancos «documentos manipulados» para obtener «un beneficio ilícito». Sostiene que la entonces primera teniente de alcalde del PP emitía, «sin tener competencia para ello», escritos en los que simulaba la firma del secretario-interventor (fue quien destapó la supuesta trama) y se los entregaba al constructor para que sacara el dinero de los bancos. Una entidad bancaria, como recuerda el Fiscal, le reclama en los tribunales al consistorio 474.899 euros.

Las certificaciones de obra no tenían ni membrete del ayuntamiento, ni fecha, ni las habían redactado los funcionarios municipales (todos lo expresaron así ante el juez). Además, eran por obras que carecían de presupuesto, algunas no se habían ni siquiera adjudicado y no se acreditaba su utilidad pública. El empresario no presentó presupuesto previo y el consistorio tampoco hizo una memoria valorada. Así se esquivaba la obligada fiscalización del ayuntamiento y el dinero, supuestamente, volaba.