El que fuera alcalde por el PP de La Vall de Laguar hasta el año pasado, Francisco Luis Gilabert, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel acusado de defraudar hasta 63.732 euros en la llamada trama de las asesorías, una presunta red corrupta que operó en la provincia de Valencia cuyo modus operandi era la adjudicación de contratos a dedo a una asesoría vinculada a un alto funcionario de la Generalitat Valenciana sin tramitar expediente de contratación alguno y por trabajos cuya realidad se ha cuestionado. Los pagos bajo sospecha en este municipio de la Marina Alta se corresponden a una treintena de facturas abonadas en el periodo entre los años 2009 y 2011.
Ésta es la primera de las quince piezas separadas por esta causa de presunta corrupción que se juzga en la provincia de Alicante, ya que los juicios celebrados hasta ahora afectaban a ayuntamientos valencianos.
Junto a Gilabert, está acusado el interventor en el Consorcio de Museos de la Generalitat y responsable de la asesoría con la que se firmaron los contratos bajo sospecha, Asesores Económicos Públicos, Rafael Parra, para el que se piden otros seis años de prisión. Éste ha ya ha pasado por el banquillo en algunos de los juicios celebrados hasta ahora y sobre él pesan varias condenas.
Al exprimer edil y al funcionario se les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otro de prevaricación administrativa. Asimismo, también se piden tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el interventor municipal, Antonio Esturillo, a quien se acusa de haber participado en estos delitos a título de cómplice, ya que la Fiscalía considera que, de haber fiscalizado estos gastos como le correspondía, estas contrataciones no hubieran sido posibles.
Los juzgados de València comenzaron investigando una presunta trama corrupta dedicada a emitir informes ficticios para distintos ayuntamientos, causa que se dividió en varias piezas separadas y que se han ido juzgando por la Audiencia Provincial de Valencia. Una de estas piezas ha llegado a la Audiencia alicantina al afectar las irregularidades a este ayuntamiento de la Marina Alta.
Contratos verbales
La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de acusación que estos contratos se hicieron de manera verbal, prescindiendo de cualquier trámite previsto en la legislación para contratación del sector público. La única constancia que quedaba del expediente era la factura y la documentación del expediente para los pagos, que se tramitaban como contratos menores. a pesar de que las cantidades abonadas excedían los 18.000 euros previsto para esta fórmula.
Algunos de los trabajos facturados había sido ya realizados por otra mercantil y a un precio inferior de lo que se abonaba a la asesoría de la trama investigada.
El fiscal considera que «el escaso trabajo que había que desarrollar comportaba muy pocas horas de ejercicio real y que nada tenía que ver con lo que señalaba el acusado Parra en sus facturas como trabajo realizado, añadiendo conceptos para abultar su facturación».
Ocho de las facturas bajo sospecha se abonaron bajo el objeto de recuperación de contabilidad de los presupuestos de entre 2007 y 2010, así como la preparación de expedientes de la Cuenta General de los ejercicios entre 2006 y 2008. Según el fiscal, se trata de un fraccionamiento de contratos y se tenían que haber sometido a un proceso de contratación único con publicidad y concurrencia de otras empresas. «Fue la única voluntad del alcalde quien le movió a realizar la contratación en un Ayuntamiento ya de por sí muy endeudado y sin acudir al asesoramiento gratuito que en materia de contabilidad prestaba la Diputación Provincial», asevera el Ministerio Público.
