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Otro técnico confirma pesajes inflados en la contrata de la basura de Calp

El funcionario declara que la báscula llegó a estar sin funcionar más de seis meses y que los precintos no cumplían los parámetros de la Generalitat - Un sobrino de Fenoll niega al tribunal que en las instalaciones se pesara «a ojo»

El empresario Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel, acusados por la trama de las basuras de Calp, llegan al juzgado este martes. | PILAR CORTÉS

Otro de los técnicos responsables del control de la contrata de la planta de basuras de Calp confirmó este miércoles en el juicio la existencia de pesajes sobredimensionados en las instalaciones y que incluso la báscula llegó a estar averiada durante más de seis meses. El ingeniero del Ayuntamiento de Calp Juan José Pascual fue designado por la corporación para fiscalizar el servicio con informes semanales sobre el funcionamiento de la planta y este martes ha declarado como testigo en el juicio por las basuras de Calp, una pieza separada del caso Brugal, y citado a instancias de la corporación que ejerce la acusación particular.

En el banquillo, la Audiencia de Alicante sienta al exalcalde de Calp Javier Morató, al exedil y diputado provincial Juan Roselló, y al empresario Ángel Fenoll, entre otros, a quienes se imputa un quebranto a las arcas públicas de doce millones por sobreprecios en los residuos que entraron en la planta entre 1999 y 2012. El Ayuntamiento pagaba a la mercantil por cada tonelada de basura recibida.

Ginés Fenoll, representante de la planta de Calp, entrando al Palacio de Justicia. | PILAR CORTÉS

Pascual, a quien se le encomendó el control de la contrata en 2011, aseguró que en las facturas que se pasaban al cobro había una «sobrefracturación» y que en su trabajo se detectaron anomalías en el funcionamiento de los pesajes. En una de sus primeras visitas a la planta que encontró con que la báscula llegó a estar más de seis meses averiada y que los precintos no se correspondían con los parámetros de la Generalitat. Lejos de ser una situación puntual, el funcionario aseguró que este tipo de incidencias era «estructural». Según explicó, las cantidades facturadas se contrastaban con los datos del INE sobre residuos generado por habitante y días, el consumo de agua y los datos aportados por el departamento de Turismo sobre estancias en el municipio. Con esos parámetros, concluyó que los pesajes eran elevados para la población del municipio, aunque no cuantificó el porcentaje. El técnico aseguró que en sus inspecciones a la planta confirmó que entraban residuos que no estaban contemplados en el contrato, como enseres, restos de podas, algas y escombros. «Era un recinto vallado y al que no podían acceder particulares, alguien tenía que llevarlos», dijo. El técnico sostuvo que las facturación remitida al Ayuntamiento era única y no desglosaba conceptos.

En la sesión de este martes, también declaró como testigo Ginés Fenoll, sobrino del empresario acusado y representante de la planta quien negó que en la planta se hiciera el pesaje «a ojo» y achacó a «situaciones puntuales» la avería de la báscula, explicando que en esos casos se llevaba la basura a la planta de Proambiente. De todos modos explicó que su trabajo era llevar las facturas al Ayuntamiento e intentar cobrarlas cuando había retrasos en los pagos. La práctica habitual era recoger la basura por la noche, descargarla en la planta de Calp, donde se separaba y se compactaba, para después transportarla al vertedero que la empresa tenía en Abanilla (Murcia). Ginés Fenoll admitió haber mantenido una reunión n un restaurante de Elche con el técnico acusado en esta causa Juan Cervantes, junto al empresario y su hijo, porque el Ayuntamiento paralizó los pagos y el concejal de Hacienda no les recibía.

La sombra de las escuchas en los interrogatorios

La sombra de las escuchas del caso Brugal planeó sobre la sesión de este martes en el juicio de las basuras de Calp cuando la Fiscalía quiso interrogar al testigo Ginés Fenoll sobre el contenido de algunas llamadas interceptadas por la Policía. Algo que provocó las protestas de las defensas. Como el testigo estaba acusado en otra pieza de Brugal por las basuras de Orihuela que está recurrida en el Supremo, la sala resolvió que por su situación procesal tenía derecho a no contestar. El testigo no quiso responder preguntas sobre esas llamadas.

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