La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de dos años de prisión a tres promotores de Calp por estafar más de un millón de euros a una decena de compradores de viviendas y plazas de garaje, los cuales no solo han perdido su dinero, sino que también tienen sus propiedades embargadas y bajo la amenaza de ser subastadas.
Los condenados son tres hermanos que en 2005 figuraban como administradores de la sociedad Torres y Perles SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, y además de la pena de prisión deberán pagar sendas multas de 1.260 euros e indemnizar a las víctimas de la estafa con 1.077.000 euros, según se recoge en una sentencia de la Sección Segunda.
El tribunal ha rechazado la petición de la acusación particular de declarar como responsable civil subsidiario a La Caixa -ahora Caixabank-, entidad que concedió un préstamo a los acusados en 2005 para financiar la construcción del inmueble y que ha solicitado la subasta de las casas hipotecadas que fueron vendidas a terceros, ya que los procesados no cancelaron la hipoteca con el dinero recibido de los compradores.
La promoción afectada es el edificio Cervantes, situado en la calle Benissa de Calp, y los acusados formalizaron una decena de ventas de casas y plazas de garaje entre los años 2005 y 2011. La sentencia declara como hechos probados que los acusados, «con ánimo de obtener un ilícito beneficio a costa de lo ajeno», vendieron algunas viviendas mediante contratos privados, no las entregaron en los plazos acordados y se apoderaron del dinero de los compradores en vez de destinarlo a cancelar las hipotecas que pesaban sobre las casas vendidas.
Las cantidades estafadas a diez compradores superan el millón de euros y oscilan entre 15.770 y 201.053 euros que pagó el comprador de una casa y una plaza de garaje.
La Audiencia señala en el fallo que no se puede declarar a Caixabank responsable civil subsidiaria porque los acusados son meros clientes y no están ligados con el banco «por una relación jurídica o de hecho o por cualquier otro vínculo, en virtud del cual se encuentren bajo su dependencia y control», como establece la doctrina del Tribunal Supremo. Por contra, declara responsable civil subsidiario a la promotora, aunque esta fue declarada insolvente hace varios años.
