El juicio por la trama de las basuras de Calp, una de las piezas desgajadas del caso Brugal, entró este jueves en la fase de informes finales con la total convicción por parte de las acusaciones de la existencia de un acuerdo entre el empresario oriolano Ángel Fenoll y los cargos públicos encausados para defraudar a ese Ayuntamiento concretando el quebranto en 4.285.998 euros.
En una prolija exposición que el presidente del tribunal obligó a acortar, el fiscal anticorrupción Pablo Romero sostuvo que con anterioridad a la adjudicación a Fenoll del servicio del tratamiento de residuos por parte del Ayuntamiento de Calp, que se firmó en febrero de 1998, el entonces alcalde de la localidad, Francisco Morató, y los ediles Fernando Penella y Juan Roselló, todos ellos del PP y este último también diputado provincial en aquellas fechas, se propusieron sacar beneficio económico particular de esa contrata.
Para ello, y sirviéndose como intermediario del también acusado Francisco Artacho, cuñado de Roselló, «se pusieron en contacto con Fenoll solicitándole dinero a cambio de la adjudicación y de la posterior agilización de los trámites para el inicio del servicio». El acusador público mantiene que, como contraprestación, el pacto incluía que las cantidades que el Consistorio pagase a Colsur (la mercantil de Fenoll) a razón de 4.972 pesetas la tonelada de basura, «serían notablemente superiores a las que corresponderían por el servicio prestado».
Para conseguirlo se habrían servido de varias artimañas: alterando siempre al alza el pesaje de los residuos realmente tratados (lo que el fiscal considera que provocó el mayor perjuicio) e introduciendo sucesivas ampliaciones en el objeto del contrato hasta el extremo de tratar residuos que no procedían de Calp o incorporar otros que no lo estaban inicialmente, como restos de podas, algas o material de construcción con lo que se incrementaba aún más el pesaje.
El pacto se concretaba con la entrega en diversos plazos por parte del Fenoll de 100 millones de pesetas (33 para cada uno de los tres cargos públicos acusados), 20 para el Calpe CF y al menos otros cuadro para Artacho por su labor de intermediación. En una de las grabaciones realizadas por el empresario Artacho aparece contando el dinero en las oficinas de Colsur.
El fiscal agrega que el exceso de facturación, cuyo importe total desde el inicio del servicio hasta 2012 fija en más de once millones, de los que el Ayuntamiento dejó de abonar siete ante las sospechas de fraude, «se fue incrementado paulatinamente desde la asunción de responsabilidades por Juan Cervantes, el técnico municipal también acusado y quien, en apariencia, peor está llevando esta vista oral. En el año 2006 se acordó un nuevo pago de comisiones por parte de Fenoll de 30.000 euros que se repartieron a partes iguales el alcalde, los dos concejales, el técnico y el intermediario acusados, según el representante de Anticorrupción.
Por parte de la acusación particular que se ejerce en nombre del Ayuntamiento de Calp, el abogado Jorge Sánchez-Tarazaga incidió en que «todas las periciales acreditan que no hubo control de los pesajes, que no había tickets y que ni siquiera funcionaba la báscula.
Los acusados se enfrentan a penas de entre dos y cinco años de prisión por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y, solo en el caso de Roselló y de su mujer, de blanqueo de capitales.
Defensas «No hay pruebas, solo probabilidades»
Con el abogado del empresario Ángel Fenoll y de su hijo y el de Francisco Artacho, cuñado del exdiputado Juan Roselló y supuesto intermediario en el pacto de las basuras de Calp, arrancó este jueves el turno de las defensas que concluirá el lunes. Para el letrado Mariano Sánchez Bo, «no existen pruebas, sino probabilidades, en un proceso que tendría que ser contencioso y no penal». El abogado de los Fenoll dijo que «el Ayuntamiento de Calp fue el que consideró que Colsur tenía que tratar los residuos y que ahora no quiere pagar. Por eso, por razones políticas y por tener un titular en la Prensa se puso esta denuncia». Y agregó: «Fenoll no ha entregado dinero a ningún cargo público».
Para la defensa de Artacho, el abogado José Sáez Zambrana, «ha quedado claro que el Ayuntamiento de Calp no ha pagado más de lo que tenía que pagar, además de que realizó un contrato defectuoso». El letrado insistió en la prescripción y, para justificar las grabaciones en las que Artacho aparece con Fenoll, dijo que su cliente tenía otros negocios de los hablaba con el empresario.
