Una denuncia de un vecino que no podía dormir por la música y el escándalo de los locales del extremo sur de la playa del Arenal de Xàbia ha sacado a la luz un problema mucho más gordo. Siete de estos negocios de hostelería, incluida una discoteca, llevan funcionando al menos desde agosto de 2018 sin licencia municipal ni autonómica y sin la obligada autorización de Costas (están en la servidumbre litoral de protección).
La Policía Local ha realizado inspecciones y ha constatado que hay deficiencias que comprometen la seguridad de las personas. El ayuntamiento ha llegado a enviarles órdenes de cierre. La conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública les ha incoado expedientes sancionadores por infracciones muy graves. Pero nada. Los negocios siguen hoy abiertos.
Mientras, la queja del vecino ha hecho camino. Ha llegado a la Agencia Valenciana Antifraude, que ha investigado a fondo todos los expedientes y trámites realizados por el ayuntamiento y la conselleria y ha concluido que ha habido «falta de diligencia» y que urge tomar ya medidas contundentes.
La Agencia Antifraude da al ayuntamiento tres meses para que clausure estos negocios. Y otorga ese mismo plazo a la conselleria para que resuelva los expedientes sancionadores.
Los locales afectados
Los sietes locales son Achill, Acqua, Bambula, Atalaya, Botánico, Baltasar y Salt. Cada uno tiene una problemática distinta. En lo que todos coinciden es en que los empresarios abrieron mediante una declaración responsable que luego no se materializó en la obligada licencia. Ninguna de las tres administraciones competentes (ayuntamiento, Consell y Costas) les ha concedido autorización.
Hay, además, casos muy llamativos, como el de la discoteca que, pese a trabajar a tope en verano, carece de sistema de evacuación para las emergencias y que, en junio de 2021, cometió una infracción grave de la normativa de prevención de la covid.
Antifraude incide, de hecho, en que estos negocios han funcionado en «época de máxima afluencia con el consiguiente riesgo para la seguridad que esto implica».
Al principio de esta investigación que ha concluido con el ultimátum de cerrar los locales en un plazo máximo de tres meses, el consistorio y la conselleria se pasaron la pelota. El primero consideraba que la competencia de clausurar estos establecimientos correspondía a la administración autonómica. Pero la conselleria respondió que el ayuntamiento sí podía adoptar esta medida. Mientras, los técnicos municipales alegaron que estaban desbordados de trabajo.
Antifraude subraya que las órdenes enviadas por estas dos administraciones a los empresarios han resultado «ineficaces». Repasa la retahíla de deficiencias de estos negocios y lamenta la «falta de diligencia» de las administraciones que deben velar por la seguridad de los clientes.
Los siete negocios están en el meollo turístico de Xàbia. La denuncia de un vecino desvelado por el ruido ha roto el silencio que encubría a los negocios sin licencia.
