Manuel Mir Cruañes, de 86 años, no da su brazo a torcer. Él querría vivir tranquilo. Pero le ha tocado enfrentarse a gigantes. Vive solo en una finca fantasma. Asegura que la Sareb le hace la vida imposible (le han cortado la luz de la escalera y de la antena). Ahora planta cara a otro Goliat: Hacienda. «Alguien tiene que ser el primero. Me declaro objetor de hacienda», afirma Manuel Mir, que ya ha acudido a la delegación de la Agencia Tributaria en Dénia a presentar documentos y una carta manuscrita («soy un ciudadano no digitalizado», se lee en el escrito) en la que explica por qué está hasta el gorro del fisco, que le ha embargado la cuenta y cada mes le «sisa» 54 euros.

Manuel, conocido en Xàbia como «el abuelo coraje», recibe al mes una pensión de 1.186 euros. No está mal. Pero hace 7 años que se divorció de su mujer, que tiene 82 años, vive en Barcelona y es dependiente (tiene diversidad funcional). El acuerdo establecía que Manuel le pasaría 665 euros al mes hasta que el Estado le pagara la pensión no contributiva. Pues bien, la pensión no llega. Y Manuel lleva ya pagados 55.860 euros. «Es una persona vulnerable. El Estado debe pegarle la pensión, pero no se hace cargo».

Este vecino de Xàbia (regresó a su pueblo natal tras jubilarse y compró con los ahorros el piso en el que vive con una autorización judicial, ya que la finca estuvo embargada y ahora es de la Sareb) reclama a la Agencia Tributaria que le entregue esos 55.860 euros.

«Necesito un abogado de oficio para defenderme de Hacienda», afirma Manuel, que precisa que, tras pagar la pensión de su exesposa, le quedan escasos 500 euros para vivir. Y ahora le embargan cada mes 54 euros y, además, Hacienda le reclama 1.800 euros de la declaración de renta que no hizo de 2018 y 1.700 de la de 2017. Por si fuera poco, la Seguridad Social le pide también 1.400 euros.

«En todo, alguien siempre es el primero. Yo soy el primero en España en declararme objetor de hacienda. No haré nunca, nunca, nunca, aunque me paguen los 56.860 euros que me deben, la declaración», expone Manuel, que sostiene que la amnistía fiscal de la Ley Montoro, declarada ilegal por la Justicia europea, o las regularizaciones de Juan Carlos I demuestran que «las leyes no son iguales para todos», y que con Hacienda pasa como con todo, que «a pagarlo, poca ropa».