"No cejaremos en nuestro empeño de impedir que esta macrogranja se instale frente a las costas de Calp". Así de rotunda se mostró la alcaldesa, Ana Sala, respecto a la futura ampliación de la piscifactoría. Una posición que ha llevado al Ayuntamiento a dar un paso más en su empeño de que no sea una realidad con la presentación de un recurso-contencioso-administrativo.

Así lo han desvelado este jueves desde el consistorio quien indicó que esta medida se ha tomado después de que la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica haya desestimado el recurso de reposición que interpuso el pasado mes de abril. "Nosotros no cejaremos en nuestro empeño de impedir que esta macrogranja se instale frente a las costas de Calp y para ello utilizaremos todos los recursos que estén en nuestra mano", señaló Sala.

De esta manera, el municipio continua en su lucha contra la ampliación de la piscifactoría que pasará de 12 a 45 jaulas flotantes, así como a una capacidad máxima de producción de 3.000 toneladas al año de pescado.

El Ayuntamiento de Calp convocó dos concentraciones de protesta además de presentar un recurso de reposición contra la decisión de la Consellera de Agricultura que lo desestimó porque, según arguyó la propia consellera Mireia Mollá en una reunión con la alcaldesa y diferentes sectores económicos del municipio, el procedimiento seguido para la concesión del permiso de ampliación cumplía la normativa existente y, por tanto, no era posible revocar esa autorización. Mollá señaló al mismo tiempo que la consellería que dirige no le correspondía evaluar el impacto visual y paisajístico de la infraestructura.

Tanto el Ayuntamiento como varias asociaciones calpinas como el Real Club Náutico de Calpe, la Cofradía de Pescadores o la Asociación de Empresarios de Calpe han mostrado desde un principio su rechazo rotundo a la ampliación de esta infraestructura precisamente por el impacto visual que causa en un municipio turístico como el calpino pero también por el impacto medioambiental y económico. De hecho uno de los informes sobre los que se sustentaba el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento cifraba en unos 450 millones de euros las pérdidas que podría ocasionar una macrogranja de estas características en la localidad. Con todo, el consistorio también se reunió con la empresa para acercar posturas pero no se llegó a ninguna solución.