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Segundo intento de juzgar el caso Aguas de Calp, investigado desde hace veinte años, después de la reaparición de la documentación perdida

La Audiencia de Alicante sienta en el banquillo a los acusados de una de las causas de corrupción más antigua de la provincia por presuntas mordidas de hasta un millón de euros en las obras de la red hidráulica

Imagen de los acusados en el banquillo en el anterior señalamiento del juicio en marzo.

Imagen de los acusados en el banquillo en el anterior señalamiento del juicio en marzo. / Héctor Fuentes

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Nuevo intento de juzgar el caso Aguas de Calp. Tras una investigación que se remonta a hace ya dos décadas y una suspensión el pasado marzo, la Audiencia de Alicante tiene previsto arrancar el lunes 1 de diciembre con este macroproceso que siente a ocho acusados en el banquillo por mordidas de un millón de euros en las obras de renovación de la red de aguas de esta población de la Marina Alta. Se trata la causa de corrupción más antigua de la provincia. Por este motivo, el tribunal no está dispuesto a que haya nuevos retrasos y, según el calendario del señalamiento, el proceso podría quedar visto para sentencia el próximo viernes 5 de diciembre.

A los años de retrasos acumulados, se suma el que la Audiencia tuviera que suspender la vista el pasado 24 de marzo al detectarse la falta de una parte esencial del sumario. Una documentación que las defensas consideraban esencial y que había que reclamar al juzgado de Dénia que investigó el caso. La suspensión apenas duró lo que tardó el órgano instructor en reaccionar: la documentación apareció prácticamente al día siguiente de ser reclamada formalmente. Se trataba de seis cajas con materiales clave del procedimiento, entre ellos la denuncia original de la Fiscalía y varios expedientes del Ayuntamiento sobre la tramitación de los proyectos investigados, que no habían sido remitidos en su momento a la Audiencia. En su momento, la sala estaba dispuesta a continuar el juicio con el material disponible, pero las defensas sostuvieron que los documentos faltantes eran imprescindibles para interrogar a los acusados y articular su estrategia. Aunque algunos letrados conservaban copias, estas no estaban incorporadas a las actuaciones oficiales, lo que impedía utilizarlas en la vista.

A instancias de la Fiscalía, y con la adhesión de todas las partes, el tribunal ordenó suspender la sesión… solo para recibir a las pocas horas aviso de que el juzgado había localizado las cajas. La rapidez con la que apareció un volumen de documentación que se daba por extraviado alimentó entonces la perplejidad de algunas partes y el malestar de los perjudicados, que llevan años denunciando los retrasos de la causa.

En el banquillo se sienta el exconcejal calpino y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado Javier Artacho, para quienes Anticorrupción pide penas de nueve años de cárcel por prevaricación, fraude y estafa. Ambos ya fueron condenados por una pieza separada que afectaba las basuras de Calp del llamado caso Brugal. Esta pieza, una de las pocas que terminó en condena de la macrocausa de corrupción, está pendiente aún de revisión en el Tribunal Supremo, ya que está recurrida tanto por las defensas que no están de acuerdo con las condenas; como por la propia Físcalía, que no comparte algunas de las nulidades acordadas por la Audiencia de pruebas que, a su juicio, permitirían imponer penas más severas.

También están acusados exresponsables de la empresa mixta Aguas de Calp y directivos de diversas mercantiles que habrían participado en adjudicaciones presuntamente irregulares. La Fiscalía sostiene que se emplearon empresas sin actividad real para aprobar proyectos sobredimensionados y con sobrecostes, desviando fondos públicos y dejando a proveedores sin cobrar. Los proyectos bajo sospecha estaban valorados en 4,5 millones de euros. De este dinero, tras pasar por un entramado de subcontratas y obras infladas, se perdieron más de un millón de euros.

Perjudicados

Entre los proveedores afectados se encentran las mercantiles Exca-Gata y Vives Dalmau, que ejecutaron obras sin llegar a percibir 245.233 y 83.343 euros respectivamente, según la acusación. Nicolás Agudo, responsable de Exca-Gata, y uno de los perjudicados, aseguró a este diario que "confíamos en que estamos más cerca de que se haga Justicia. Es una vergüenza que esto se haya demorado tanto, pero es de agradecer que no hayamos tenido que esperar mucho desde la primer suspensión". Agudo ha denunciado que en este proceso se han falsificado hasta facturas presentadas por él por los trabajos realizados para pagárselos a otra mercantil. Algunas defensas ya habrían planteado el pedir una nueva suspensión alegando que tenían otros señalamientos, pero se han encontrado con un no rotundo del tribunal. La voluntad de la sala es que la vista arranque sí o sí.

Nicolás Agudo, uno de los proveedores perjudicados y denunciante los hechos en el anterior señalamiento.

Nicolás Agudo, uno de los proveedores perjudicados y denunciante los hechos en el anterior señalamiento. / HECTOR FUENTES

Con el expediente ya completo en la Audiencia desde finales de marzo, el juicio debe reanudarse este lunes con las declaraciones de los ocho acusados, seguidas de las de ocho testigos y cuatro peritos. La documentación recuperada será determinante para valorar la tramitación de los contratos y el papel de cada implicado.

Veinte años después de que comenzara la investigación, y pese a un nuevo sobresalto procesal —esta vez resuelto casi de inmediato—, el caso Aguas de Calp encara otra oportunidad para avanzar hacia una sentencia.

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