Dos acusados admiten en el juicio que eran testaferros de la trama de Aguas de Calp

Giro en el caso Aguas de Calp. Dos de los ocho acusados se declararon culpables este miércoles y admitieron haber actuado de testaferros de Francisco Artacho, cuñado del entonces concejal y diputado provincial de Aguas Juan Roselló. La investigación apunta a Artacho como uno de los principales responsables del entramado para ejecutar las obras de renovación de la red de aguas del municipio. Ambos procesados afrontaban peticiones de hasta siete años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y ahora han optado por colaborar con la Justicia.

Según las acusaciones, la empresa mixta Aguas de Calp encargó en 2004 los trabajos, valorados en 4,5 millones de euros, a la mercantil Obras Hidráulicas de Levante, una firma sin actividad real que subcontrató la obra a otra empresa, que a su vez la derivó a terceras compañías. Según las acusaciones, en ese recorrido desapareció cerca de un millón de euros y varios proveedores se quedaron sin cobrar. La finalidad, sostienen las acusaciones, era ocultar quién estaba realmente detrás de las obras dada su relación familiar con Roselló, entonces responsable del Ciclo del Agua en la Diputación.

"Me pidieron el favor de figurar", declaró uno de los acusados, Victoriano Sánchez, a quien se atribuye ser uno de los testaferros de Artacho. “No era consciente de lo que estaba pasando. Estaba autorizado en la cuenta y firmaba cheques, pero no sabía lo que ocurría. Un día me encontré en la mesa un talón de 180.000 euros para que lo firmara; pregunté para qué era y ya no quise saber nada más. Me desentendí”, aseguró. Insistió además en que la empresa "no tenía infraestructuras para ejecutar nada. No había ni maquinaria, ni camiones, ni nada". En su declaración lanzó varias acusaciones contra Artacho, afirmando que sobre él “corrían todo tipo de historias por su relación con Roselló. Tenía tres bungalows y pasó de un barco a un miniyate", y añadió que “encargaban veinte y cobraban cien”.

Obras Hidráulicas de Levante nació tras la compra, por parte del entramado, de la empresa Buzoneo, dedicada al reparto de publicidad, que apenas unos días después de la adjudicación pasó a ocuparse de obras públicas. El que había sido su principal accionista, Antonio Ramón Céspedes, fue el segundo acusado que se declaró culpable. “Buzoneo era la empresa de mi exsuegra y yo accedí a figurar para que no la embargaran”, explicó. Añadió que, tras la venta a Artacho, éste le pidió firmar varios documentos en blanco a cambio de ayudarle con unos problemas con la Seguridad Social. “Era consciente de que lo que firmé se estaba usando para algo delictivo, por lo que me tengo que hacer responsable de lo que hice”, concluyó.

Un tercer acusado cargó también contra los supuestos amaños de Artacho, aunque no se declaró culpable de delito alguno y se presentó como otra víctima del entramado. Salvador Ibarra, responsable de la mercantil Montubos, señaló que su empresa fue la que ejecutó los trabajos con el apoyo de otras a las que él contrató. "Dejaron de pagarme y por eso yo no pude pagar", aseguró, reconociendo la deuda con dos de las empresas que ejercen la acusación como perjudicadas, Exca-Gata y Vives Dalmau, a quienes les adeudaron 245.000 y 83.000 euros. Según explicó, recibió cerca de un millón de euros en pagarés que resultaron sin fondos. Afirmó que siguió pidiendo material y contratando porque "estaba convencido de que cobraría. Aquello fue mi ruina. Lo perdí todo". Vinculó esos impagos con el momento en el que salieron a la luz las vinculaciones de Artacho con la adjudicataria de las obras.

Ibarra relató que su empresa se dedicaba al abastecimiento de tuberías, actividad a través de la que conoció a Artacho y con el que había colaborado en varios proyectos, en los que se desarrolló una relación de amistad. Según dijo, Artacho le comentó que había “un gran proyecto en Calp” y que podían darle la obra. "Ajusta los precios; si los ajustas, te lo quedas", aseguró que le dijo durante un viaje con la corporación calpina a una feria del agua en Zaragoza. Un evento para el que, según afirmó, "yo pagué los gastos de alojamiento de la delegación de Calp". Por ese motivo había acudido a la feria con una propuesta ya redactada. El pleno aprobó los proyectos un mes después. “Un presupuesto de cinco millones era una burrada. Eso no vale tanto”, aseguró. Negó igualmente que Montubos se hubiera creado expresamente para ejecutar las obras: "Teníamos obras en todas partes", dijo.

"Un yate para cada uno"

El empresario señaló que, al aceptar el trabajo, comprobó que se trataba de una empresa sin medios. "Confié en Artacho porque ya había trabajado con él y perdí", se lamentó. Un tono que contrastaba con el momento en el que firmaron el contrato: "Artacho y yo nos fuimos de comida para celebrarlo, nos emborrachamos y nos compramos un yate cada uno. Y yo, además, cinco Vespas. Luego me he arrepentido".

Por su parte, el exdiputado provincial y exconcejal de Aguas Juan Roselló aseguró que no sabía que su cuñado estaba detrás de la empresa que ejecutaba las obras. "Me enteré por la prensa", dijo. Roselló solo contestó a preguntas de su abogado, alegando que ya declaró extensamente sobre este asunto en su día en el juzgado. Sostuvo que las empresas de su cuñado se encargaban de obras por toda la provincia. "Cuando me pusieron al frente del Ciclo del Agua, le dije que se abstuviera de participar en procesos de contratación de la Diputación y di instrucciones a los técnicos para que retiraran a sus empresas de cualquier convocatoria. Él me respondió que le había fastidiado", aseguró. Insistió en que no tuvo nada que ver con la adjudicación de las obras. "La propuesta fue de Alcaldía y mi cuñado no aparecía en la adjudicación", dijo.

En esta línea, Artacho afirmó que él negoció en su día el contrato con Aguas de Valencia. "Me habían dicho que se iba a adjudicar una obra importante y yo me puse en contacto con sus directivos para decirles que estaba interesado", aseguró. Solo contestó a preguntas de su abogado, José Javier Sáez Zambrana. El procesado defendió su larga experiencia como empresario en proyectos hídricos y achacó a algunos de sus empleados las maniobras para desviar fondos de los trabajos. Tanto Artacho como Roselló cuestionaron las conclusiones de la comisión de investigación, asegurando que era "ilegal" y que la denuncia que interpuso era política. Según explicó, la compra de Buzoneo se debió a que pretendían ampliar actividad del grupo y entonces era práctica habitual comprar empresas en desuso para reconvertirlas. Artacho insistió en que la obra se acabó en plazo y no ha tenido un solo problema en veinte años.

El juicio prosigue este jueves con la declaración de otros dos acusados y, a continuación, empezarán los informes de conclusiones.

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