Las defensas del caso Aguas de Calp dicen que todo es "una denuncia política" basada en "suposiciones"

Tras más de veinte años de instrucción judicial, el caso Aguas de Calp ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Alicante. La última sesión del juicio se ha centrado en los informes finales de conclusiones de las defensas que han destacado que no hay delito alguno y que la causa es una denuncia política basada en meras suposiciones que tenía como objetivo al PP de Calp y concretamente al entonces concejal y diputado provincial Juan Roselló. En el banquillo se sientan ocho acusados por las presuntas irregularidades de la renovación de la red de aguas del municipio llevada a cabo entre los años 2004 y 2005. La investigación detectó sobrecostes de hasta un millón de euros y que las obras se llevaron a cabo por una empresa controlada por el cuñado del concejal. Una mercantil sin trabajadores y con hombres de paja como administradores que se dedicó a subcontratar los trabajos, resultando que algunas de las mercantiles que estuvieron a pie de obra no cobraron. Aguas de Calp subcontrató las obras a Montubo y esta, a su vez, a otras mercantiles.

Las defensas han reclamado la libre absolución al considerar que, tras más de veinte años de instrucción y varias sesiones de juicio, no se ha acreditado ninguna de las irregularidades penales que sostienen las acusaciones. Los letrados han coincidido en que el proceso “se ha construido sobre suposiciones, hipótesis y ficciones narrativas”. La Fiscalía pide para Roselló y Artacho penas que suman seis años y tres meses de prisión por prevaricación, fraude y estafa. 

Roselló

La defensa de Juan Roselló tildó las acusaciones de "alambicadas hipótesis” que se atribuyen al exconcejal. Según su abogado, Ismael Rubio Carrasco, Roselló actuó “de buena fe” confiando en los técnicos municipales para renovar una red obsoleta y sin intervenir en la elaboración de los proyectos, que llegaron “desde Valencia”. El letrado ha calificado de “conspiración insólita” el relato acusatorio, al entender que implicaría que Roselló manipuló cinco acuerdos plenarios y convenció a 21 concejales sin que ningún técnico advirtiera irregularidades. “No puede ser el autor de todos los acuerdos ni hay prueba alguna de que manipulara a nadie. Son suposiciones”, sostuvo.

El letrado negó además que Roselló supiera que la empresa a la que se encargaron las obras estuvieran vinculadas a su cuñado y recordó que los acuerdos plenarios fueron “legales y sin reparos”. Insistió en que Aguas de Calp es una empresa mixta con capital mayoritariamente privado, por lo que se rige por el ordenamiento jurídico privado. La defensa insistió en que en aquellos años la ley preveía un régimen especial para las empresas de abastecimiento de aguas, por lo que no tenía la obligación de poner en marcha un concurso público para adjudicar las obras. En este sentido, advirtió de que el umbral de licitación, 5,9 millones, era superior al presupuesto de la obra. “No era necesario concurso alguno. Renovar la red era su obligación”, afirmó. Por ello, explicó que el proceso había sido que el Ayuntamiento instó a Aguas a renovar la red de abastecimiento y que entraba dentro de sus facultades que la empresa adjudicara los trabajos a quien considerara oportuno.

Sobre el supuesto tráfico de influencias, la defensa alegó que Roselló no tenía competencias para la adjudicación y que desconocía la participación de su cuñado: “Se enteró por la prensa”. También cuestionó la prueba pericial de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia que detectó los sobrecostes, señalando que no era un dictamen institucional oficial, sino “la opinión de un profesor”.

Artacho

Por su parte, José Javier Sáez Zambrana, defensa de Francisco Artacho, reclamó igualmente su absolución, afirmando que no existe estafa ni fraude, sino “una cuestión civil por un impago entre empresas”. Subrayó la falta de pruebas “tras 20 años y miles de folios” y que la acusación se basa en “pensamos, creemos o colegimos. Eso no basta para una condena en la vía penal”. Sáez negó que se hubiera dejado las obras en una empresa de buzoneo. "Es práctica habitual en el mundo empresarial adquirir una sociedad ya existente para cambiar su objeto social", dijo, algo que se hace por agilidad. Según sus explicaciones Artacho tenía varias empresas especializadas en infraestructuras hídricas y constituyó esta para diversificar.

El letrado reivindicó que, veinte años después, las obras funcionan “sin incidencias” y que la subcontratación es habitual y permitida en el contrato. Criticó además la supuesta motivación política del caso: “Esto tenía la finalidad de destruir a Roselló y, para eso, necesitaban destruir a Artacho”, recalcó.

Aguas de Calp

Asimismo, el abogado Vicente Grima, que defiende tanto al gerente de Aguas de Calp, Alberto Mut, como al directivo de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, también centró su alegato en la supuesta falta de consistencia del relato acusatorio. El letrado sostuvo que la Fiscalía ha modificado “radicalmente” su núcleo argumental al pasar de acusar por las pérdidas sufridas por el Ayuntamiento a reclamar responsabilidad por las pérdidas de Aguas de Calp, lo que, en su opinión, impide condenarles.

Grima negó cualquier tráfico de influencias al recordar que los directivos acusados no son autoridades públicas, así como la existencia de obras pagadas y no ejecutadas. “Todo está contradicho por documentos públicos”, señaló. El abogado recalcó además que no era necesaria licitación. "El Ayuntamiento instó a Aguas de Calp a asumir la obra y los estatutos permiten que esta pudiera encargarlos", dijo.

También cargó contra el informe pericial de la UA y la UPV, cuestionando la extrapolación realizada a partir de 29 catas. "Las obras estuvieron sometidas a controles técnicos sin que se detectaran irregularidades en su ejecución", señaló. “¿Qué interés podían tener Mut y Zorrilla en perjudicar al Ayuntamiento o beneficiar a Artacho pagando de más? No tiene sentido”, expuso y calificó de “inverosímil” la tesis de falsificación sistemática de certificaciones mensuales.

Por su parte, la defensa del empresario Salvador Ibarra centró su alegato en negar que existiera estafa alguna. Este acusado entregó pagarés a las otras subcontratistas que finalmente resultaron no tener fondos. El letrado Javier Clemente sostuvo que Ibarra ejecutó correctamente su parte de la obra, dentro de plazo, y que los impagos derivan de un colapso ajeno a él: “Se le adeuda un millón de euros”. En este sentido, recordó que la Audiencia ya decretó el sobreseimiento de la causa para él al no apreciar indicios de estafa, aunque luego se reabrió.

Según este letrado, había una relación de confianza entre todas las empresas porque ya habían trabajado juntas y que los impagos llegaron al final, con las obras ya acabadas, sin que existiera un engaño previo. Este acusado protagonizó unos de los momentos más recordados del juicio cuando dijo que el día de la firma del contrato, Artacho y él se fueron de comilona, se emborracharon y se compraron un yate cada uno. Sobre esta operación, explicó que fue con beneficios personales y que lo tuvo que vender al no poder afrontarlo después.

Tres conformidades

Aunque tres de los acusados se declararon culpables y han pactado una conformidad con la Fiscalía, sus defensas aprovecharon el informe para tratar de arañar alguna rebaja más. El abogado de Antonio Ramón Céspedes insistió en que su defendido era “un mecánico de San Vicente” que actuó como "persona instrumental" al aceptar figurar como administrador de la empresa de Artacho a cambio de ayudarle con unas deudas que tenía con la Seguridad Social. Este acusado ha admitido que firmó pagarés “en blanco” sin saber las cantidades y sin obtener beneficio alguno. Su conducta fue más “una imprudencia, no un delito doloso”.

Por su parte, la abogada de Jesús Lara y Victoriano Sánchez, otros dos de los testaferros de Artacho que se han declarado culpables, insistió en la colaboración con la Justicia de ambos. "No se entiende qué interés podía tener Artacho para nombrar a un mecánico de ascensores administrador mancomunado de la empresa que iba a renovar la red de aguas de Calp", ha dicho la letrada Josefa Beltrán.

Tras los informes, los acusados han rechazado ejercer el turno de última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia el que hasta ahora en la causa por corrupción más antigua de la provincia de Alicante.

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