La Audiencia de Alicante juzga a un exedil de Teulada por un pelotazo urbanístico en la venta de una parcela

La Audiencia de Alicante ha sentado este jueves en el banquillo por delitos de corrupción urbanística al que fuera concejal de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Teulada, Juan José Sala, entre los años 2003 y 2007, y a un técnico que por entonces ejercía como jefe del área de Urbanismo y secretario accidental de la corporación. Sala está acusado de delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio por su presunta gestión en un convenio urbanístico para instalar un supermercado en suelo destinado a uso residencial, una operación que negoció con el Ayuntamiento una empresa inmobiliaria en la que el exedil tenía un 25 por ciento de participación. Por estos hechos, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación para el exconcejal; y nueve años de inhabilitación para el técnico por un delito de prevaricación.

La empresa del exedil llegó a percibir 250.000 euros por sus gestiones en las negociaciones con el consistorio. Los hechos ocurrieron durante la etapa en que era alcalde del municipio José Císcar, quien posteriormente fue vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Sala ha negado tener intervención alguna en el expediente, pero ha señalado que firmó la licencia de obra porque la solicitud no entraba a valorar el uso que se le iba a dar al local.

Labores de asesoramiento

Sala, que no tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, se dedicaba en su actividad privada a labores de asesoramiento en operaciones de compraventa de viviendas. El exedil explicó que pasó a formar parte de la empresa Gesmoraira durante una fallida operación para la compra de un suelo. "Un amigo común nos animó a mí y a otros socios a que adquiriéramos con él una parcela, que luego se transformó en zona verde", explicó. En ese contexto, y para resarcirles por las pérdidas, el dueño de la empresa embarcó a otros socios para una operación que consistía en mediar en la compraventa de otro suelo con el fin de instalar allí un supermercado. El problema estaba en que el uso del suelo era residencial y para esta actividad era necesaria la firma de un convenio con el Ayuntamiento.

El exedil señaló que sus competencias en el Ayuntamiento consistían en firmar las licencias, que venían con los preceptivos informes del arquitecto y del jefe del área. "En ese momento, ni pensé que podía haber incompatibilidad con mi actividad privada", señaló, aunque sí dijo que cuando la sociedad se embarcó en la venta del suelo del supermercado "yo me desvinculé de las negociaciones y les dije a mis socios que no quería saber nada del tema", asegurando que dejó en manos de ellos todas las negociaciones con el Ayuntamiento. "Les dije que hablaran con el alcalde", explicó. Sin embargo, el exconcejal terminó firmando la licencia de obra para el local a pesar de que había un informe en contra del arquitecto. Sala aseguró que le llegó la propuesta directamente para firmar y que el secretario accidental le dijo que había que hacerlo porque la licencia se limitaba a pedir permiso para construir una nave y no se hacía alusión alguna sobre la actividad. "Esto era algo que tenía que negociar la empresa con la concejalía correspondiente", explicó.

Tras el convenio, los compradores del suelo abonaron a la inmobiliaria dos parcelas como pago por sus servicios, que luego se vendieron por 250.000 euros. El contrato establecía el pago con tres parcelas, pero la empresa no entregó esta última al estar en desacuerdo con los problemas en la tramitación de la licencia, que tardó casi un año en aprobarse. Este dinero se repartió entre los socios como compensación para cubrir las pérdidas del fiasco con el suelo anterior.

Discrepancias en la licencia

Estos eran los argumentos que ha esgrimido el técnico acusado, quien insistió en que no procedía denegar la solicitud y que el informe del arquitecto era erróneo, "porque presuponía que se iba a construir un supermercado. Había muchas alternativas posibles", explicó, recalcando que la autorización para la actividad correspondía a otra fase del proceso administrativo. Pese a los argumentos esgrimidos por las defensas sobre la supuesta legalidad del trámite, la polémica licencia de obras terminó siendo anulada posteriormente por sentencia judicial. "Yo ya no era concejal cuando se dictó la sentencia", apuntó Sala, señalando que cuando el Ayuntamiento decidió no recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia "me dejaron a los pies de los caballos". En esta línea, el técnico también achacó a una mala defensa de los intereses municipales el que se perdiera ese pleito en la vía contenciosa.

Los socios del exconcejal han asegurado en el juicio que este no tuvo intervención en las negociaciones con las parcelas. En este punto, el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, les ha recordado que en su día declararon que Sala sí que estaba enterado de la operación, a lo que han matizado que solo lo supo cuando la transacción ya estaba completamente cerrada. Una versión que también ha respaldado el representante de la empresa que compró el suelo para montar el supermercado. El testigo desvinculó la operación de cualquier trato de favor y sostuvo que contrataron la mediación de Gesmoraira como una operación comercial ordinaria, asegurando que desconocían que el concejal de Licencias formaba parte de esa sociedad. "Yo no sé el qué, pero está claro que algo no se hizo bien", matizó el promotor.

El alcalde

Por su parte, el que fuera alcalde de Teulada en aquella época, José Císcar, ha recalcado que ignoraba por completo que su concejal estuviera vinculado con ese convenio, ya que él trató directamente con los otros socios de la empresa. "Las negociaciones fueron largas, porque la actividad comercial iba a revalorizar ese suelo. Los compradores tenían que compensar al Ayuntamiento por este aumento de valor. A la empresa le parecía excesivo lo que pedíamos y hubo un tira y afloja. El convenio fue bueno porque con eso conseguimos financiar la red de alcantarillado de la zona", explicó Císcar, quien recordó que las competencias de planeamiento eran exclusivamente suyas y que jamás las había delegado.

La vista oral no ha podido quedar vista para sentencia debido a que la jornada se agotó antes de poder tomar declaración a todos los testigos citados. Ha faltado una comparecencia que se prevé clave para el desenlace del caso: la del arquitecto municipal que informó en contra de la licencia, quien comparecerá en la sala en cuanto se reanude la vista oral. Tras su declaración, llegará el turno de los informes finales de conclusiones de las partes y el juicio quedará definitivamente visto para sentencia.

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