Bronca del fiscal al exconcesionario de la piscina de Benissa que ha sentado en el banquillo a dos alcaldes

Giro inesperado en el juicio a dos alcaldes de Benissa acusados de haberse apropiado de material de la contrata de la piscina municipal. El denunciante retiró la acusación tras firmar un acuerdo con el Ayuntamiento por el que recuperaba lo reclamado. Sin embargo, este acuerdo no se tradujo en una retirada de la acusación por parte de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público aseguró que mantenía la petición de dos años de cárcel para el exalcalde Juan Bautista Roselló y el primer edil actual Arturo Poquet, que ocupaba entonces la concejalía de Deportes, así como para los dos responsables de la actual concesionaria. Aunque admitía que con la retirada de la acusación del denunciante, era difícil que el caso terminara en condena, mostró su disgusto con el querellante, "por haber hecho un mal uso de la vía penal", llegando a emplazar a la sala a que valorara el deducir testimonio contra él.

El origen del embrollo judicial se remonta a junio de 2013, cuando la mercantil del denunciante asumió la explotación de la piscina municipal y depositó maquinaria y material deportivo necesarios para el servicio. Al resolverse el contrato en 2014 y pasar la gestión a otra empresa, la Fiscalía sostenía inicialmente que los acusados impidieron deliberadamente la devolución de estos bienes, valorados en más de 69.000 euros, para apropiárselos. De ahí la petición original de dos años de prisión por apropiación indebida para los cuatro procesados.

Sin embargo, en mayo del año pasado el denunciante y el Consistorio firmaron un acuerdo por el que el empresario recuperó los enseres, asumió las costas y renunció a indemnizaciones, pero firmó una cláusula en la que reconocía expresamente que no había seguido los procedimientos administrativos adecuados para rescatar el material. Un reconocimiento que se produce diez años después de haber acudido a los juzgados, circunstancia que motivó el enfado del fiscal.

Problemas burocráticos

Durante el juicio celebrado en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, los acusados defendieron su inocencia y señalaron que el bloqueo nunca existió, sino que hubo un problema burocrático. El exalcalde y exdiputado provincial Juan Bautista Roselló explicó que todo estuvo al amparo de las cláusulas de reversión y que, aunque el Ayuntamiento sopesó adquirir el material, los reparos de los técnicos y los constantes cambios de interventor y secretario congelaron el proceso. "No se suelen adoptar decisiones administrativas por un requerimiento notarial", recordó, ya que el denunciante usó esa vía para lanzar un ultimátum al consistorio.

Por su parte, el actual alcalde, Arturo Poquet, insistió en que las cosas "no se podían devolver así como así" sin las comprobaciones de los funcionarios, reduciendo la polémica a un mero "malentendido". En esa misma línea de la intendencia logística se pronunciaron los otros dos procesados, el jefe de servicio y el gerente de la concesionaria, quienes relataron que el material estaba dispuesto para su entrega, pero que el reclamante pretendía que el personal municipal se lo cargara en sus propios camiones y surgieron discrepancias sobre el embalaje.

Ante este escenario, el fiscal expuso en su informe definitivo que la consistencia de la causa penal ha quedado seriamente "resentida". Al Ministerio Público no le resultaron convincentes las explicaciones del empresario, tras mantener un pulso judicial durante diez años para acabar admitiendo un error de procedimiento administrativo.

Aunque el fiscal se negó a retirar formalmente los cargos, su reprimenda al querellante dejó el foco apuntando al palco de la acusación. Tras las conclusiones de las defensas interesando la libre absolución por no haber delito y ausencia de dolo, el juicio quedó visto para sentencia.

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