Anticorrupción cifra en 250.000 el presunto pelotazo de la empresa de un exconcejal en Teulada con una licencia

El juicio por un presunto pelotazo urbanístico de la empresa de un exconcejal del Ayuntamiento de Teulada ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia de Alicante. La Fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años de prisión y otros nueve de inhabilitación por delitos de cohecho y prevaricación para quien fuera el edil de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Teulada, Juan José Sala, entre los años 2003 y 2007; así como otros nueve años de inhabilitación para un técnico municipal, que ejercía el cargo de secretario accidental de la corporación. Ambos se sentaban en el banquillo por la polémica autorización para abrir un supermercado en una zona destinada a suelo residencial y que excluía expresamente este tipo de actividades. Una licencia que fue anulada posteriormente por la Justicia y que se aprobó en virtud de un convenio urbanístico gestionado por una empresa de la que el exconcejal era socio. Por las gestiones realizadas, dicha mercantil recibió dos parcelas valoradas en 250.000 euros, cifra que para el fiscal Anticorrupción Pablo Romero es el valor de la dádiva recibida por sus gestiones. Mientras que las defensas solicitaron la libre absolución al señalar que las diferencias con la licencia eran discrepancias técnicas y que Sala ya no estaba en el Ayuntamiento cuando se autorizó la actividad comercial.

La sesión arrancó con la declaración del arquitecto municipal que hizo un informe contrario a otorgar la licencia. Este técnico aseguró que el Plan General prohibía expresamente el uso comercial en ese suelo destinado a ser residencial. Los acusados sostienen que la licencia aprobada se refería únicamente a autorizar las obras para hacer una nave sin uso específico y que sería en el momento de dar la licencia de actividad cuando se decidiría si procedía o no la apertura del supermercado. Un criterio que este técnico no compartía, ya que "lo normal es que ambas licencias se hubieran tramitado de manera conjunta y no por separado".

En esta línea explicó que el Plan General establecía unos criterios muy rígidos a la hora de autorizar qué se podía abrir allí o no y unos procedimientos establecidos para autorizar actividades distintas. En este caso, era necesario hacer un Plan de Reforma Interior y una parcela mínima de 5.000 metros cuadrados. El técnico aseguró que aunque la solicitud de la licencia no hacía constar a qué se iba a dedicar la nave, la presentaba una empresa que había hecho otros supermercados. "Si hay usos excluidos en esa zona, se tendría que haber dicho cuál iba a ser la actividad", dijo.

A pesar de este informe, el Ayuntamiento tramitó la licencia de obra, argumentando que el debate sobre la actividad debería ser cuando se debatiera esa otra autorización: la licencia de actividad. El fiscal incidió en los intereses del concejal, ya que la empresa inmobiliaria de la que era socio percibió un total de 250.000 euros como pago por las gestiones en la negociación entre vendedor y comprador y el convenio con el Ayuntamiento. La mercantil Gesmoraira recibió un total de dos parcelas como pago por sus servicios de intermediación en esta operación. Lo pactado era recibir tres parcelas, pero los compradores no dieron la que faltaba descontentos con todos los problemas que surgieron posteriormente con la licencia para abrir el supermercado. Para el fiscal el precio obtenido en la venta de las parcelas es la dádiva obtenida por el exedil.

Incompatibilidad

"Había una incompatibilidad en ejercer de concejal y ser responsable de una inmobiliaria", ha subrayado el fiscal en su informe, en el que ha recordado que el dueño del supermercado dijo que "acudieron a esa inmobiliaria porque eso le abriría las puertas del Ayuntamiento", aunque luego este testigo rectificó en el juicio y dijo que a lo mejor se excedió con esa afirmación. En cualquier caso recordó, que "son operaciones en las que la empresa del concejal ganó dinero". El representante del Ministerio Público rechazó el argumento de las defensas de que el supermercado acabó obteniendo licencia y opera con normalidad, ya que "tardó más de diez años en poder abrir, cuando ya cumplía la legalidad urbanística". El fiscal ha sostenido que la licencia de obra se otorgó de manera "arbitraria" y sin seguir los requerimientos que pedía el técnico.

Defensas

Por parte de las defensas, el letrado del técnico incidió en que su papel consistió en dar pública de la solicitud de licencia de obras y que no emitió informe alguno. El funcionario fue jefe de área de Urbanismo aunque ejercía de secretario accidental del Ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos y, según la defensa, no hizo informe alguno sobre este asunto. Desde la defensa se subrayó que la licencia de obra tenía que tramitarse porque no se especificaba a qué se iba a destinar la nave, recordando que había otros que el PGOU sí autorizaba en ese suelo, por lo que no necesariamente tenía que ser para abrir un supermercado. Eso se tendría que resolver al pedir la licencia de actividad.

Asimismo, la defensa del exedil incidió en que Sala no tenía competencias en Urbanismo, sino que esas facultades quedaban en manos del alcalde en aquellos años, quien fuera vicepresidente de la Generalitat José Ciscar. En este sentido, recordó que cuando se otorgó la licencia el acusado ya no estaba en el Ayuntamiento. El letrado incidió en que Sala era un socio más en la inmobiliaria y que quien tenía el control actuaba sin dar cuenta al resto de los socios. En este sentido subrayó que el uso comercial del suelo no era incompatible con la parcela y que todo fueron diferencias de interpretación jurídica y cuestiones que eran subsanables. Con los informes, el caso quedó visto para sentencia.

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