La Comunidad Valenciana ha corregido en los últimos cuatro años más de 10.000 apoyos eléctricos considerados peligrosos. Concretamente, la actuación se ha intensificado durante el periodo 2019-2021 y ha multiplicado por seis la suma de actuaciones desarrolladas en la década anterior.
El incremento de estas correcciones, impulsadas por la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, ha supuesto un descenso en la mortalidad interanual de aves por encima del 25%, según fuentes de la Generalitat.
La muerte por colisión o electrocución es una de las principales amenazas que sufren las aves silvestres en España, según vienen denunciando reiteradamente las entidades conservacionistas.
Estudios recientes han estimado que entre 11.000 y 33.000 aves rapaces mueren al año en nuestro país por los tendidos eléctricos. Es la principal causa de muerte para varias especies, entre ellas la amenazada águila imperial ibérica, el águila perdicera y la avutarda.
El director general de Medio Natural, Julio Gómez, ha señalado la labor de la Administración valenciana para atenuar esta amenaza. Entre las acciones que se llevan a cabo figuran expedientes de responsabilidad medioambiental, acuerdos con empresas eléctricas, convenios con el Ministerio de agricultura y correcciones realizadas directamente por la Generalitat para revertir el impacto de los tendidos sobre la avifauna.
En este sentido, a la intensificación de las correcciones se ha unido la instalación de dispositivos salvapájaros y se han señalizado unos 150 km de línea en el periodo 2021-2023 para evitar posibles colisiones de la avifauna.
Por otra parte, la Conselleria, además, continúa determinando prioridades de corrección asumiendo con presupuesto propio correcciones en apoyos de titularidad particular, y con especial atención y actuación en la Marjal de Pego-Oliva, humedal de gran importancia para las aves.
El director general ha puesto de relieve el trabajo en la Albufera, una de las zonas preferentes de actuación donde se han adaptado un millar de apoyos, haciendo del ecosistema un espacio significativamente más seguro.
La actuación se extiende también al marco normativo con una nueva resolución de 6 de julio de 2021 de la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que amplía las zonas de protección del 35% al 87% del territorio valenciano.
"Esta ampliación implica un reto y una necesaria tutela ambiental con un objetivo claro: buscar y poner soluciones para acabar con este impacto invisibilizado hasta 2007", ha afirmado el director general. En concreto, el Real Decreto 1432/2008, de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas, supone el inicio de las obligaciones legales de corrección de líneas eléctricas en España.
Una obligación a menudo incumplida
El Tribunal Supremo dictó en noviembre de 2001 sentencia en la que establece la conformidad a derecho del Real Decreto 542/2020 por el que, entre otros aspectos, se adecúan y concretan los requisitos exigibles a los titulares de líneas eléctricas de alta tensión para la verificación de defectos graves o muy graves y la calificación de las instalaciones en lo que puedan suponer un peligro o daño para el medio ambiente.
El referido decreto vino a modificar diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial, y en concreto, introdujo como defecto muy grave de las instalaciones aquél que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes o del medio ambiente.
Igualmente, se introduce como defecto grave aquel que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes o del medio ambiente, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. La existencia de dichos defectos catalogados como graves o muy graves conlleva que no se admitan inspecciones o certificaciones de inspección de instalaciones que presenten dichas deficiencias si no se han realizado medidas de protección de la avifauna.
Esto obliga a los titulares de las líneas eléctricas de alta tensión a tomar las medidas precisas para la protección de la avifauna y evitar que se produzcan accidentes que afecten a la biodiversidad, pudiendo dar lugar, en caso de presentar defectos graves o muy graves al inicio del correspondiente procedimiento sancionador. Dicha subsanación de defectos debía realizarse con carácter retroactivo en las líneas que se encuentren en zonas de protección en un plazo de 6 meses.
Tal como dice la sentencia, las modificaciones introducidas establecen dentro de las que se declaren «zona de protección» las prescripciones técnicas de las líneas de transporte o distribución de alta tensión para la prevención contra la electrocución y la colisión de las aves.
