Los perros de caza y los perros que usan los pastores quedarán incluidos en la futura ley de protección y bienestar animal, que no solo afecta a las mascotas en el hogar, sino en su conjunto a todos los vertebrados, según el proyecto de ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros. Esto ha desatado la indignación del sector de la caza, que ve esta ley como “una ofensa y una provocación”, por lo que llaman a manifestarse en las calles el próximo mes contra este proyecto de ley. La Real Sociedad Canina, sin embargo, apoya la nueva norma.
Fuentes del Gobierno han confirmado a Europa Press que, por ejemplo, los dueños de estos canes también tendrán que constituirse como criadores en caso de que quieran cruzar a sus animales y prevén que el mecanismo se desarrolle a través de reglamentos autonómicos. Las mismas fuentes no prevén que está condición suponga más burocracia o coste para los dueños y que el objetivo es ejercer un mayor control ante el abandono de animales.
Esta era una de las discrepancias de la redacción de la norma entre el departamento impulsor, el Ministerio de Derechos Sociales, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que quería promover la redacción de una normativa propia para los perros de caza y las rehalas para que se adaptaran a sus circunstancias y a la actividad para las que son empleadas dadas las "especificidades" que los "diferencian de los animales domésticos".
La intención del Mapama, que estaba recogida en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, chocaba con la voluntad del departamento de Ione Belarra, que finalmente se ha impuesto en el proyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press.
Registrarse a partir de cinco perros
En definitiva, los perros de caza y perros de pastoreo y ganadería serán tratados como cualquier otro can, por lo que quien tenga cinco ejemplares deberá estar registrado como núcleo zoológico, y si quiere criar habrá de contar con las instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. El cumplimiento de estos requisitos será controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero en su Estrategia Agricultura planteaba un tratamiento distinto para estos animales y estudiar, a través de un Grupo de Trabajo, los requerimientos específicos de los perros de caza y las rehalas, analizando la posibilidad de definir unos criterios mínimos consensuados por todas las autoridades competentes.
Según el MAPAMA, el objetivo principal de la estrategia es fomentar una actividad cinegética sostenible, que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una gestión ecosistémica adecuada, el control de las poblaciones cinegéticas y la generación de riqueza en el medio rural.
En definitiva, el texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros prevé en términos generales que las actividades profesionales en las que estén implicados los animales de compañía deberán contar con profesionales titulados o formados en su desempeño, en función de la especie del animal y la actividad que se desarrolle.
Además, de manera reglamentaria el proyecto de ley contempla establecer las actividades profesionales que, por estar relacionadas con animales de compañía, requieren una titulación mínima para su desempeño. Los perros de trabajo tendrán que cumplir condiciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. En cualquier caso, el borrador indica que ningún perro podrá realizar actividades profesionales hasta cumplir los 18 meses de edad.
En lo que respecta a los animales cinegéticos, la propuesta normativa del Gobierno, establece que estos deberán estar inscritos como tal en el Registro de Animales de Compañía, además de estar vinculados en el mismo a la licencia de caza de su titular o responsable.
Por otro lado, los cazadores que quieran criar a sus perros también deberán estar inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente y en caso de no estarlo, los perros de caza que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados. También, en el caso de que haya perros de distintos sexos que no puedan mantenerse de forma separada, deberán estar esterilizados, al menos todos los miembros de uno de los dos sexos.
En cuanto a regalar o vender un perro cazador a titulares no inscritos en el Registro de Criadores, podrá hacerse, pero con el can esterilizado o con el compromiso de su esterilización en un máximo de tres meses si es adulto o antes del año en el caso de ser un cachorro.
Perros de pastoreo y ganado
Respecto a los perros de pastoreo y guarda del ganado, deberán estar igual que los de caza, inscritos como tales en el Registro de Animales de Compañía y estar vinculados en el mismo registro ganadero de su titular o responsable.
Del mismo modo, los propietarios de estos canes que quieran criar ejemplares deberán estar asimismo inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente, cuyas condiciones se desarrollarán reglamentariamente. Y si no lo están, los que se estén en el exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros tendrán que llevar permanentemente un sistema de geolocalización.
Sin embargo, estos no tendrán que estar esterilizados si viven en el exterior de una vivienda. Ese requisito solo se aplicará para al menos todos los miembros de uno de los sexos en el caso de que en un mismo emplazamiento haya perros de distintos sexos que no puedan estar separados.
De manera común a los perros de caza, los de pastoreo y guarda de ganado deberán mostrar pruebas de sociabilidad, porque su ausencia supondrá su clasificación como perros de manejo especial fuera de la actividad específica.
Indignación entre los cazadores
Por su parte, la Real Federación Española de Caza (RFEC) presentará alegaciones al proyecto de ley aprobado que estime pertinentes y llama a todo el sector cinegético a movilizarse el próximo 20 de marzo ante "la ofensa y provocación" que ven desde la Dirección General de Derechos de los Animales dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: "Son los auténticos gobernantes de este país ante un PSOE sumiso y humillado por Podemos".
Para los cazadores de la RFEC, el Gobierno ha «perpetrado el mayor ataque a la caza» porque prohíbe la cría a particulares, el silvestrismo, las rehalas, la cetrería, entre otros.
No solo se opone al proyecto de ley de bienestar animal, sino al proyecto de ley que prevé reformar el Código Penal, también aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Esa propuesta normativa eleva las penas por maltrato animal e incluye diversos agravantes en el caso de daños a todos los vertebrados, incluidos animales silvestres o salvajes vertebrados.
A ese respecto, la Real Federación Española de Caza (RFEC) entiende que todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca, al igual que deberían excluirse de esta tipificación la difusión y filmación de dichas actividades.
No obstante, subraya que esto no quiere decir que los animales silvestres queden desprotegidos sino que para la RFEC estos deberían tener su propio régimen de protección, tanto penal como administrativa, y que nada tiene que ver con la reforma que se plantea, ya que el delito de maltrato se encamina a proteger a los animales domésticos y de compañía que viven bajo el control humano, y dicha protección no afecta a las especies silvestres.
La Real Sociedad Canina apoya la ley
En cambio, La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha celebrado la aprobación de la “histórica” ley, que “puede buscar la excelencia” en el desarrollo de distintos reglamentos si “en las próximas semanas” los legisladores tienen en cuenta la opinión de todos los sectores implicados, ponderando todas las demandas y sensibilidades, siempre con el objetivo de promocionar el bienestar animal”.
Así, aunque ve “importante” reforzar las medidas para evitar las camadas indeseadas, que es otra de las razones frecuentes en el abandono de animales, la entidad advierte del riesgo de recurrir a mecanismos extremos como la esterilización generalizada. “Creemos que esta práctica solo debe darse en casos muy singulares o bajo consejo veterinario fundamentado”, advierte.
La RSCE destaca que esta será la primera ley estatal que armonizará las distintas legislaciones autonómicas y locales y actualizará conceptos “superados y obsoletos”, lo cual valora como una “gran noticia” para los amantes de los perros y los animales en general. “Es un paso adelante contra el maltrato y el abandono”, celebra.
El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, opina que “sin duda” la aprobación del anteproyecto de ley es histórico, ya que “abre el camino definitivo” hacia una legislación que espera que sea “adecuada y justa” para los fines que se propone e insta a que “no deje en el olvido” a las razas caninas y los criadores responsables, promotores fundamentales del bienestar animal”.
En ese sentido, pide salvaguardar la actividad de los criadores responsables, que trabajan cada día en beneficio de los perros y a los que define como “verdaderos promotores del bienestar y el respeto por los animales”.
