Las severas advertencias de los científicos sobre el impacto del cambio climático en el planeta no están teniendo el eco debido entre buena parte de la clase política. Más de la mitad de los países de Europa carecen de ley de cambio climático. Así se desprende del informe ‘Leyes climáticas en Europa’, realizado dentro del proyecto ‘Life Unify’, que persigue impulsar una transición eficaz de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) hacia economías resilientes y bajas en carbono.

El informe analiza la situación de diecisiete países europeos: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Eslovaquia, España, Turquía y el Reino Unido. Nueve de ellos no han aprobado aún una ley de cambio climático. No es el caso de España, que sí aprobó hace un año la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La Comisión Europea lanzó en julio del año pasado una serie de propuestas legislativas, el llamado paquete ‘Fit For 55’, con el fin de alinear la normativa de la comunitaria con los nuevos objetivos de neutralidad climática para 2050 y de reducir en al menos un 55% las emisiones netas de la UE para 2030 respecto a 1990 (antes era un 40%).

A estas reformas, en plena tramitación en las instituciones europeas, se ha sumado otra propuesta de urgencia, el Plan ‘REPowerEU’, ante al aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania, que ha resaltado la necesidad de avanzar más rápido en la descarbonización de la UE y hacia una mayor soberanía y seguridad energética.

Estas reformas legislativas abarcan las leyes europeas en los ámbitos de clima, energía, edificios, transporte y el uso de la tierra, entre otros.

Avance importante en España

Unify, proyecto en el que participa por parte de España SEO/BirdLife, se centra en su informe en la ambición de la acción climática en la normativa nacional de cada país, las políticas y medidas asociadas, el grado de participación pública y la presencia de un comité independiente de expertos.

Según las principales conclusiones del documento, nueve de los diecisiete países evaluados todavía no cuentan con una ley estatal de cambio climático. Se trata de Bélgica, Chipre, Estonia, Italia, Turquía, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Letonia y Grecia. No obstante, estos cuatro últimos países tienen la ley en fase de tramitación.

El número de incendios forestales se está multiplicando a causa del cambio climático. unsplash

El estudio resalta también que para cumplir efectivamente con las obligaciones adquiridas todos los países europeos deben “asumir la responsabilidad individual de sus emisiones”, “implementar mecanismos de monitoreo que los encaminen hacia la neutralidad climática, fijando una fecha para esta meta” y “poner en marcha un comité experto independiente para asesorar y evaluar la acción climática según criterios científicos”.

Sobre la situación en España, el informe reconoce que la aprobación de la ley supone “un avance importante”, pero añade que hay que ir “más rápido”. Además, carece de algunos elementos bien valorados en las normas de otros países, como “límites de emisiones totales en periodos de tiempo fijos (presupuestos de carbono) u objetivos de reducción de emisiones en cada sector”. Por todo ello considera necesario acelerar la reducción de las emisiones.

La ley española establece un objetivo de reducción de emisiones a 2030 del 23% respecto a los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Además, obliga al Consejo de Ministros a iniciar en 2023 la revisión al alza de estos objetivos.

Acelerar la reducción de emisiones

Pero el documento destaca la necesidad, “reclamada por la sociedad civil”, de “adelantar la neutralidad climática y acelerar la reducción de las emisiones a 2030, de acuerdo con criterios de capacidad económica, solidaridad, justicia climática y responsabilidad histórica, respaldados por la ciencia”.

“En el urgente proceso de descarbonización, es importante compatibilizar mejor las energías renovables con la conservación de la biodiversidad e implicar más a las poblaciones rurales y urbanas en la acción climática”, destaca SEO/BirdLife.

Una de las consecuencias del calentamiento global es el derretimiento del hielo en los polos. unsplash

Otro aspecto que Unify juzga importante es consolidar la participación pública. Destaca que tras varios borradores y consultas, “pero sin foros abiertos para el debate público sobre los objetivos”, el texto legislativo fue tramitado por vía de urgencia en el Parlamento durante las restricciones por la pandemia.

Esta circunstancia, según el informe, limitó la transparencia del proceso, aunque la sociedad civil sí tuvo la oportunidad de debatir enmiendas con los grupos políticos.

Asimismo, la ley impulsó la creación de la Asamblea Ciudadana por el Clima que el pasado fin de semana, tras siete meses de deliberaciones, aprobó 172 recomendaciones frente al cambio climático, que se presentarán a los Diputados y el Gobierno este mes de junio.

La ley establece la creación de un Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética para respaldar la acción climática desde la ciencia, pero a un año de su entrada en vigor sigue sin estar constituido, denuncia SEO/BirdLife.

Para la ONG es “urgente” que el comité se establezca cuanto antes y a tiempo “para hacer recomendaciones con vistas a la revisión de los objetivos de reducción de emisiones en 2023 y que desde el primer momento cuente con los recursos suficientes para desarrollar su labor y de forma independiente”.

Una inversión de 200.000 millones de euros

Ana Márquez, coordinadora del proyecto LIFE Unify en España subraya que la aplicación de la ley española supone una inversión estimada en más de 200.000 millones de euros en esta década, dirigidos a prioridades de la transición ecológica, como el desarrollo de proyectos renovables compatibles con la biodiversidad, incluido el autoconsumo; la mejora de la eficiencia energética en edificios, y la creación de zonas de bajas emisiones en ciudades. Todas requieren del compromiso y el impulso de los gobiernos autonómicos y las autoridades locales para acelerar su puesta en marcha”, añade.

En este sentido, las comunidades autónomas tienen competencias transferidas en sectores emisores importantes en España, además de en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas ricos en carbono.

La subida de la temperatura global provoca la desertificación del suelo. unsplash

Sin embargo, sólo cuatro comunidades cuentan con una ley sobre cambio climático: Cataluña, Andalucía, Islas Baleares y Navarra. En las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana se han aprobado anteproyectos de ley que ahora pasan por tramitación parlamentaria.

El País Vasco prevé aprobar su proyecto de Ley en el segundo semestre de este año. Y tres regiones más trabajan en un borrador: Aragón, Galicia y La Rioja, mientras que las siete restantes y las dos ciudades autonómicas no han confirmado su intención, por el momento, de desarrollarla.

Los países implicados en Unify, cada uno representado por una ONG medioambiental, son: Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Eslovenia y España. Todo ello bajo el paraguas de la UE, representada por Climate Change Network (CAN) Europe.

Informe de referencia: https://unify.caneurope.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/2022_04_climate-laws-briefing_compressed.pdf

Página web del proyecto Unify: https://unify.caneurope.org/