Lluís Calatayud, delegado de Anpier en la Comunidad Valenciana, denuncia una «estafa» institucionalizada, todavía pendiente de resarcimiento, a las más de 62.000 familias pioneras que dieron los primeros pasos en el desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica en España. En este sentido, alega recortes generalizados en la subvención de producción por hora, así como la atribución de un índice de rentabilidad «inventado».

La apuesta por la sostenibilidad parece perfilarse como la única opción viable para asegurar un futuro óptimo de forma transversal. ¿Qué función ejerce la energía fotovoltaica en esta transición?

La energía fotovoltaica es muy necesaria. Empezó siendo muy costosa hace 15 años, aproximadamente, cuando cerca de 62.000 familias apostaron por ella obedeciendo al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Invirtieron en energía fotovoltaica a unos precios astronómicos marcados por el mercado, ya que la tecnología requerida era muy cara. Pero madurar la generación fotovoltaica y empezar a producir energía limpia era un mandato de la Unión Europea cuyo objetivo era empezar urgentemente una transición, y para ello resultaba vital empezar a desarrollar la fotovoltaica que hoy es la mejor tecnología de generación que existe, pero que sin el esfuerzo de los pioneros aún no estaría disponible.

¿Cómo valora la cooperación en la inversión pública y privada del denominado «proceso de maduración de las fuentes de energía renovable»? ¿Cómo afectan los recortes retroactivos a la transición energética valenciana?

Para empujar esta transición, Europa decidió invertir en la creación de plantas fotovoltaicas como solución de futuro en los primeros años del nuevo milenio. En 2004, el Ejecutivo de Aznar aprobó un Real Decreto para pagar la luz producida. Con esa llamada, que era atrevida, tan solo se pusieron cuatro placas. No hubo respuesta. Zapatero lo modificó y convirtió el porcentaje en una cuantía específica. Junto a IDAE, se publicó una campaña publicitaria que anunciaba que «el sol puede ser suyo». Se apeló al patriotismo para cumplir el mandato europeo.

De los 25.000.000 euros de inversión, en torno al 75 % se obtuvo de préstamos solicitados la banca. El lema era muy claro, decía lo que íbamos a cobrar por producción. La realidad es que en 2010, ante el problema del déficit tarifario, sufrimos un recorte de 700 millones de euros durante tres años. A cambio, en negociación parlamentaria conseguimos aumentar a cinco años la retribución o derecho de cobro, que vino a cubrir dicho recorte. En la Comunidad Valenciana, la incidencia gira en torno al 11 %, lo que afecta a 6.500 familias.

Fue el inicio de un carrusel de recortes retroactivos, especialmente profundos cuando el Gobierno de Rajoy impuso un recorte de hasta el 45% de los ingresos que un BOE estableció y que motivó nuestro esfuerzo inversor, una ruina para todos nosotros.

¿Qué déficits presentan las economías de escala en este proceso?

El hecho de que se esté haciendo una burbuja con proyectos fotovoltaicos es un gran inconveniente. España aboga por generar 30.000 MWh de energía fotovoltaica, para lo que ya se han presentado 100.000 en proyectos. En el caso de la Comunidad Valenciana, sobre la mesa hay más de 12000MWp en proyectos para una previsión en 2030 de la Conselleria de 6.000 MWp. El principal problema es que hay más proyectos que necesidades primarias. Existe mucha desorganización y falta de planificación por parte de la Administración. Me consta que el Consell está trabajando duro, pero es insuficiente. Hay varios decretos que intentan abordar esta tendencia, pero no salen autorizaciones y no se está construyendo. La solución debe pasar por propulsar plantas pequeñas que ejerzan de generador distribuido al lado del consumidor.

Desde Anpier denuncian que una de las grandes injusticias que cometen los tribunales arbitrales es atribuir una rentabilidad del 7,39 % que no se ajusta a los indicadores reales. ¿Cuál es la radiografía de la Comunidad Valenciana?

Esa rentabilidad es una fórmula que no entiende nadie y no se sabe explicar. Esos valores están basados en datos inventados y, por ende, inciertos. Los recortes son permanentes, con una merma media de 30% de lo que nos correspondería. Los demandantes internacionales, inversores como nosotros en plantas como la nuestra, están ganando los laudos internacionales y serán compensados, mientras a nosotros no se nos ofrece compensación alguna. Un verdadero disparate: dos injusticias por un mismo hecho con la agravante de que el extranjero sale beneficiado y nosotros defenestrados.

¿Por qué es tan importante que pymes y pequeñas «familias» fotovoltaicas lideren la transición energética frente a los grandes tenedores?

Es vital que se apueste por plantas pequeñas con generación y propiedad distribuida. El impacto ambiental es positivo y se genera riqueza, por lo que a nivel social es más equitativa. El modelo de producción de energía es diferente del de las grandes empresas, a las que no les importa el impacto ambiental, paisajístico… ¿Qué cuesta llevar un kW de Cofrentes a València? Hay que analizar todos los factores. Sería más útil que València tuviera el máximo número de tejados llenos de placas, que la energía se generase donde se consume. Las comunidades energéticas locales son una gran baza, pero también son necesarias las plantas de suelo racionales y participadas. Que cada población tenga su planta.

¿Qué se puede hacer para facilitar el acceso a la energía fotovoltaica a la ciudadanía?

Se están poniendo en marcha medidas, que todavía no están reguladas, como es el autoconsumo. La creación de comunidades energéticas locales, es decir, la posibilidad de que unos sean productores y otros consumidores y que participen todos en la generación eléctrica y cubran la necesidad de consumo eléctrico con sus propios medios, instalando fotovoltaicas en los edificios públicos, en las casas, en los polígonos industriales.

¿Qué trabas nos encontrábamos para la transición energética hace unos años que han podido ser corregidas?

Entre las trabas principales destaca el cambio que hizo el Partido Popular en 2013 con la ley del sector eléctrico y la moratoria en 2012 de instalación de renovables. España ocupaba en 2009 el primer puesto mundial en instalación de renovables y había toda una industria del sector de las fotovoltaicas pero el Partido Popular las paralizó, murieron muchísimas empresas y las que no murieron es porque salieron fuera.

Todas estas trabas se han ido resolviendo, eliminando el famoso impuesto al sol, permitiendo que la gente instale autoconsumo pero pensamos que no se está haciendo correctamente ya que debería ser mediante un balance neto, este sería un objetivo a tener en cuenta con el fin de que cada uno realmente consuma su potencia.

¿Cuál es el principal objetivo de la campaña «Camino del Sol»?

El objetivo es estar en contacto con nuestros asociados y a su vez con la ciudadanía por eso lo hacemos provincia a provincia con el fin de informarles de cuál es el futuro y de la necesidad de instalar autoconsumo. Por tanto, promovemos y apoyamos a las comunidades energéticas locales pero sin olvidar aquello que ocurrió a la gente que invirtió en 2005, 2006, 2007 y 2008, los primeros que obedecieron al estado instalando energía renovable muy cara, que han sufrido dos recortes.

¿Cómo puede afectar el convulso contexto actual al sector de la energía fotovoltaica?

La situación actual ha venido a demostrar todo aquello que decíamos desde hace muchos años, en estos momentos nadie discute que las renovables son necesarias, nadie discute que la energía solar es una necesidad y una solución al problema de la dependencia energética. Esto es un discurso que nosotros teníamos desde hace más de 12 años y que en estos momentos con la subida de energía y la guerra de Ucrania ha venido a demostrar y a eliminar las dudas de que es necesario instalar energía fotovoltaica y en la medida de lo posible autoproducirnos la energía que consumimos.