Las islas Fiyi, sinónimo de remanso de paz, son un paraíso turístico que atrae a millares de personas todos los años en busca de tranquilidad, sol y playas de ensueño. Y, sin embargo, para los residentes de este archipiélago situado al este de Australia, su propio hogar se está convirtiendo en un infierno. La culpa es del cambio climático, que ha obligado al gobierno local a aprobar un plan de emergencia para la evacuación de hasta 42 pueblos, que deberán ser trasladados desde la costa hasta el interior para evitar los rigores más extremos de la subida del mar y los ciclones, cada vez más intensos. De esas 42 localidades, seis ya han sido trasladadas y el resto está previsto que se desplacen en un periodo de 10 años. El tiempo apremia, y la lista podría ser más larga.
Fiyi tiene casi un millón de habitantes, repartidos entre sus más de 300 islas, muchas de ellas deshabitadas. El mundo mira ahora hacia ese enclave porque es el ejemplo de que sin duda sucederá en otras partes del planeta dentro de muy poco tiempo. El Mediterráneo, sin ir más lejos, guarda muchos paralelismos con lo que está sucediendo allí.
En el archipiélago del Pacífico Sur las temperaturas de la superficie marina están aumentando tres veces más rápido que la tasa media mundial, y eso favorece la intensificación de los ciclones, que azotan cada vez con más severidad la región. Para hacerse una idea, en 2016 el ciclón Winston azotó Fiyi y mató a 44 personas, además de causar daños por 1.400 millones de dólares, lo que representa una tercera parte del PIB de este pequeño país oceánico. Pero es que, desde entonces, Fiyi ha sido azotado por otros seis ciclones, según informa el diario The Guardian.
A los eventos meteorológicos extremos se suma la subida del nivel del mar en unas islas que a menudo tiene una cota máxima de unos pocos metros y, en cambio, tienen su actividad humana concentrada en la orilla.
El plan para la evacuación de determinadas zonas costeras de Fiyi figura en un documento de 130 páginas titulado Procedimientos Operativos Estándar para Reubicaciones Planificadas, elaborado a lo largo de cuatro años por una comisión especial nombrada por el gobierno. La operación afecta sobre todo a los pobladores de Vunidogoloa, en la norteña isla de Vanua Levu, y otras cinco más.
El traslado de aldeas y pueblos enteros ya no es una posibilidad preocupante en esas islas, sino una realidad del presente, que ocupa las conversaciones cotidianas y los noticiarios locales. Ya no se trata de cuándo habrá que trasladarse, sino cómo y a dónde.
Otra de las opciones que contempla el plan para el caso de Kiribati es albergar a parte de sus más de 100.000 habitantes en una gigantesca plataforma flotante, similar a las que ensamblan las compañías petroleras para extraer crudo del lecho marino, cerca de sus 32 atolones y una isla de coral.
Sin embargo, lo más habitual será ir a vivir tierra adentro. Pero no es fácil. “No se trata simplemente de sacar 30 ó 40 casas en un pueblo y trasladarlas más lejos”, afirma al citado diario la embajadora de Fiyi en la ONU, Satyendra Prasad. También hay una larga lista de instalaciones que deben construirse de nuevo: escuelas, centros de salud, conducciones de agua y electricidad, nuevos caminos… incluso hay que trasladar el cementerio.
El largo proceso de elegir un nuevo lugar
¿Cómo se eligen los enclaves donde se levantarán los nuevos asentamientos? El documento del gobierno establece el procedimiento de una forma bastante estandarizada. Se exploran las necesidades del pueblo que debe ser reubicado, las características de los terrenos disponibles y todas las cuestiones relacionadas con infraestructuras, clima y comunicaciones. Cuando se han encontrado algunos lugares aptos, se somete a la deliberación de los representantes vecinales y se elige el mejor.
Pero no termina aquí el proceso, porque los 42 pueblos que deben ser trasladados se enfrentarán a un nuevo desafío. Y es que la tierra propiedad de las poblaciones indígenas de Fiyi no se puede comprar ni vender. El dinero no es útil en este caso, si bien un clan puede llegar a un acuerdo con otro para permitir determinados usos de la tierra o establecer una aldea.
Pero, una vez superado este obstáculo, hay que tener en cuenta el coste de la construcción del nuevo pueblo. El problema es que, según The Guardian, ni esos pueblos ni tampoco el gobierno tienen dinero suficiente para afrontar este programa de traslados. Entre los efectos de los ciclones y de la pandemia del Covid, las arcas estatales quedaron muy menguadas, dado que el turismo se resintió también de manera notable.
El problema es obtener dinero para financiar tantos traslados. Para ello se ha implantado una 'ecotasa' turística y un fondo fiduciario internacional
Dado que tampoco hay esperanzas de poder contar con financiación internacional, el gobierno anunció en 2019 que había establecido el primer fondo fiduciario del mundo para reubicación de personas desplazadas por el cambio climático. La financiación inicial de dicho fondo procedió de una especie de ‘ecotasa’ implantada en el archipiélago para que hoteles, cruceros, bares, cines y restaurantes ok clubs nocturnos paguen un impuesto que es destinado a sufragar estas reubicaciones.
Así y todo, el primer ministro de Fiyi admitió ese mismo año que ese procedimiento tampoco será suficiente para afrontar el proyecto en su globalidad. En febrero de 2020, Nueva Zelanda se convirtió en el primer socio internacional en donar directamente a este fondo fiduciario, aportando 1,25 millones de dólares.
760.000 desplazados en el Pacífico
El caso de las islas Fiyi, sin embargo, no es el único de comunidades humanas acosadas por el cambio climático y obligadas a irse de sus casas en el Pacífico. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, una entidad con sede en Noruega, 760.000 personas de países del Pacífico, sobre todo pequeños estados insulares, se han visto obligadas a abandonar su hogar por la subida del mar, los ciclones y las temperaturas extremas.
Aún se recuerda la imagen del presidente de Tuvalu, un pequeño estado insular de la Polinesia, que en la cumbre climática de 2021 compareció por videoconferencia dando un discurso con el agua del mar llegándole a las rodillas. Quería denunciar así lo apremiante que es la situación para muchos enclaves de esta parte del mundo, anticipo de lo que sufrirán otras regiones en breve.
El nivel del mar en estas regiones se ha incrementado en alrededor de 3,4 centímetros entre 1993 y 2021, con una aceleración en los últimos dos años y medio, a causa del derretimiento de los glaciares, de acuerdo a datos publicados el 6 de noviembre pasado por la Organización Mundial de Meteorología.
El peligroso avance del mar en el Pacífico, que provoca la destrucción de cultivos, fuentes de agua y viviendas- junto al incremento de la frecuencia y potencia de los huracanes, hace vislumbrar una catástrofe humanitaria en la región, en donde la altura de muchas islas no supera los diez metros.
Actualmente, las naciones del Pacífico, impulsadas por la determinación de resistir en casa el embate de la emergencia climática, se han embarcado en una cruzada para que los mayores contaminadores del planeta, entre ellos China, Estados Unidos y Australia, los indemnicen por "pérdidas y daños" causados la emisión de gases de efecto invernadero. Ese ha sido precisamente uno de los grandes caballos de batalla en la COP27.
Y es que precisamente naciones pequeñas y pobres, situadas en el hemisferio sur, son las que menos contaminación han causado en la atmósfera, pero son las que más están pagando las consecuencias del cambio climático, causado por las naciones ricas.
Según el Foro de las Islas del Pacífico, la comunidad internacional debería pagar a las naciones en vías de desarrollo afectadas unos 100.000 millones de dólares anuales (99.330 millones de euros) anuales para la ayudarlos a mitigar, adaptarse y crea resiliencia frente a la crisis climática.
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