Represión
La persecución del gobierno ruso obliga a Greenpeace a irse del país
La entidad internacional, declarada "organización indeseable" por el régimen de Putin
J. L. Ferrer/EP
La deriva totalitaria de Rusia ha vuelto a ponerse de manifiesto con la persecución ejercida contra Greenpeace, una las organizaciones ecologistas internacionales más respetadas en todo el planeta. El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido oficialmente a la ONG ecologista Greenpeace en su listado de organizaciones indeseables, siguiendo así la decisión de la Fiscalía anunciada a mediados de mayo.
Moscú ha sentenciado que la organización, con sede en Países Bajos, está involucrada en "violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales y derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación Rusa".
Ya a mediados de mayo la Fiscalía declaró a Greenpeace como indeseable al considerar que sus actividades "representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad" del país, según recoge la agencia rusa Interfax.
El Ministerio Público acusó a la ONG de camuflar con "actividades ambientales" una verdadera posición política e "intentos de interferir en los asuntos internos del Estado", con un claro objetivo de "socavar las bases económicas" de Rusia.
La organización cierra su oficina en Rusia
Por su parte, Greenpeace salió al paso para apuntar que esta decisión de la Fiscalía hace que sea "ilegal continuar cualquier actividad en Rusia", con lo que informó del cierre de su sucursal en el país euroasiático.
"Decir que Greenpeace Rusia ha estado actuando en contra de los intereses de Rusia es ignorar por completo lo que la organización ha estado haciendo durante 30 años", reza el comunicado difundido por la organización, que rechaza rotundamente las acusaciones vertidas por al Fiscalía.
Un grupo de diputados rusos presentó en noviembre de 2022 una solicitud a la Fiscalía para que catalogase a Greenpeace como organización "indeseable", antesala de incluir a la ONG en una 'lista negra' que no ha hecho más que ampliarse en los últimos meses.
Una ley que reprime a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos
La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades organizaciones en base a consideraciones ambiguas relativas al origen de sus fondos o a la actividad que desempeñan dentro del país, especialmente si se entiende que su labor es contraria a los intereses del Estado o a ponen en riesgo la seguridad nacional.
La misma suerte que Greenpeace están siguiendo otras entidades humanitarias, ecologistas o de defensa de los derechos humanos, así como medios de comunicación independientes. El gobierno ruso, según denuncian múltiples observadores, está erradicando cualquier atisbo de discrepancia política, una estrategia que también extiende a sus propios ciudadanos.
Greenpeace había mantenido en los últimos meses su actividad en Rusia, a pesar de la creciente represión sobre las ONG, y había seguido reclamando mayores compromisos en materia medioambiental, con denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con el estado del lago Baikal, situado en la zona de Siberia.
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Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es
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