Sentencia

La justicia tumba una macrogranja para 7.000 cerdos en Soria por afectar a una zona protegida

Admitido el recurso interpuesto por la Sociedad Española de Ornitología (SEO)

La sentencia acepta los argumentos de la entidad conservacionista

La sentencia acepta los argumentos de la entidad conservacionista / Agencias

EfeVerde/Redacción

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por SEO/BirdLife anulando la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental concedida para la instalación de una explotación porcina intensiva de 6.990 plazas de recría de reproductoras en el municipio de Monteagudo de las Vicarías (Soria).

La granja se planeaba en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Monteagudo de las Vicaria”, que forma parte de la Red Natura 2000 y alberga al menos 26 especies de aves protegidas, al ser un área de alimentación, campeo y reproducción de especies amenazadas como el alimoche común, el aguilucho cenizo, el águila pescadora, la ganga ortega o el sisón común, este último declarado En Peligro de Extinción, informa la ONG en un comunicado.

Estudio insuficiente

SEO/BirdLife refiere que la sentencia declara la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la autorización ambiental integrada de la macrogranja por las graves carencias del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que no contenía una evaluación exhaustiva de los efectos a la Red Natura 2000 y a la ZEPA. Asimismo, no analizaba los posibles impactos acumulativos o sinérgicos en relación con otros proyectos de los que es titular el promotor en la zona.

Un hombre contempla restos de purines en un terreno agrícola

Un hombre contempla restos de purines en un terreno agrícola / Efe

El Juzgado también dispone que el proyecto deberá someterse a una autorización de uso excepcional en suelo rústico -con la que no contaba- como paso previo a la obtención de la licencia urbanística municipal.

Además, en la nulidad del acto administrativo influyeron las deficiencias en la tramitación y contenido de su Plan de gestión de purines, cuya ampliación no se sometió a información pública, o presentar un plan de desratización utilizando rodenticidas como la Warfarina, prohibida en España.

Evaluación del Impacto Ambiental

Aunque la sentencia es aún recurrible, desde SEO/BirdLife aseguran que, en el marco del proceso judicial y frente a la Administración de Castilla y León, seguirán defendiendo la necesidad de una adecuada Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto por su afección a la Red Natural 2000, la importancia de realizar Evaluaciones Ambientales Estratégicas en los casos de desarrollos conjuntos de proyectos, como el anulado, en una misma zona y pertenecientes al mismo promotor, o la consideración de este tipo de desarrollos como industriales e incompatibles con zonas protegidas.

Ganga ortega, ave amenazada de la zona

Ganga ortega, ave amenazada de la zona / SEO/Birdlife

En septiembre de 2024 presentaron la demanda alegando graves irregularidades en el proceso de autorización. “El resultado obtenido mediante esta sentencia se enmarca y reconoce el objetivo de SEO/BirdLife para una correcta evaluación ambiental de las distintas instalaciones y proyectos que se autoricen en la Red Natura 2000, para compatibilizar el desarrollo económico y social en estas zonas y al mismo tiempo garantizar su protección”, señala David de la Bodega Zugasti, responsable del Programa Legal de la ONG.

Compromiso medioambiental

La organización ambientalista reitera su firme compromiso de colaboración con administraciones y sectores productivos para encontrar alternativas que respeten el medio ambiente y sean fuente de riqueza, y exigen que se cumpla y refuerce la normativa que protege espacios como la Red Natura 2000, que es una herramienta garantista para preservar la rica biodiversidad de España y Europa.

SEO/BirdLife ha presentado alegaciones a otros proyectos de macrogranjas cuyo proceso de autorización está en marcha y que están planeados en la Red Natura 2000 de Castilla y León, por lo que solicita al Gobierno de esta comunidad autónoma y a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente la evaluación exhaustiva de su impacto ambiental en estas zonas.

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