Trump, desatado: anuncia extracciones de minería submarina pese a no estar permitidas

Las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para revertir o desoir normativas de protección medioambiental no dejan de sucederse. Ahora ha firmado una orden ejecutiva para llevar adelante la controvertida minería submarina para obtener minerales críticos, una industria que está prohibida en todo el planeta a la espera de que entre en vigor un tratado internacional que regule esta polémica actividad.

La Comisión Europea expresó este lunes su profundo pesar por la decisión del presidente de Estados Unidos de impulsar la explotación del fondo del océano para extraer minerales críticos, práctica que "viola la legislación internacional y amenaza el medio ambiente, la sostenibilidad, la cooperación y las relaciones internacionales".

La Comisión Europea ha denunciado que esta decisión viola la legislación internacional y amenaza el medio ambiente, la sostenibilidad, la cooperación y las relaciones internacionales

«La Comisión Europea lamenta profundamente la decisión del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para acelerar la autorización de la explotación de minerales en aguas profundas», indicó a Efe un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Trump ordenó el pasado jueves agilizar la exploración y la tramitación de permisos para la minería en aguas profundas con el objetivo de que EE.UU. lidere esta nueva industria de donde se podrían obtener minerales críticos clave para el desarrollo tecnológico, sector sobre el que China tiene actualmente un dominio casi total. El temor de EEUU a quedarse atrás en este campo tras romper relaciones comerciales con China, el gran productor mundial, está en el origen de la decisión.

Eludiendo el Tratado de Alta Mar

Esa decisión unilateral de EEUU ignorará las conversaciones que ahora mantienen todos los países para preservar los fondos marinos frente a este tipo de minería, para la que aún no se ha concedido ningún permiso de explotación. La acción de Trump «eludirá las actuales negociaciones sobre las normativas de explotación en el seno de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la organización internacional autónoma establecida en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y el Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI de dicha Convención», agregó la Comisión.

La Comisión Europea subrayó que la citada convención «establece el marco jurídico dentro del cual deben llevarse a cabo todas las actividades en los océanos y mares» y «ofrece un paquete cuidadosamente equilibrado y equitativo de derechos y obligaciones de los Estados en las distintas zonas marítimas”.

«También refleja un equilibrio que permite conciliar los intereses individuales de los Estados con la protección de los intereses comunes de la comunidad internacional y de la humanidad en su conjunto«, añadió el Ejecutivo comunitario, que describió esa convención como «la Constitución de los Océanos y uno de los instrumentos más sólidos y visionarios jamás adoptados».

EEUU toma la decisión ante la evidencia de que China domina casi por completo esta industria en el mundo

«Es fundamental recordar que sus disposiciones reflejan el derecho internacional consuetudinario y, por tanto, son vinculantes para todos los Estados, hayan ratificado o no la Convención», añadió.

La normativa, aseguró, «contribuye al desarrollo sostenible, así como a la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones amistosas entre todas las naciones».

La Comisión avanza en la dirección contraria

La minería a gran escala en aguas profundas es nueva en el mundo y no ha logrado avanzar, especialmente por la preocupación que generan sus daños irreversibles a los frágiles ecosistemas marinos.

Con la orden de Trump que da luz verde a ese tipo de exploración, EE.UU. espera encontrar “minerales estratégicos” como níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y tierras raras.

La decisión de la Casa Blanca se anunció un día después de que la Comisión Europea presentara una propuesta para integrar en la legislación de la UE el conocido como Tratado de Alta Mar, con el objetivo de establecer áreas marinas protegidas a gran escala en aguas internacionales para conservar la vida marina. Este tratado, ya aprobado formalmente, ha de entrar en vigor en breve, tan pronto como reúna el número requerido de países firmantes.