30.000 animales exóticos exportados por Nicaragua en solo tres meses: la magnitud del comercio de especies

Un pequeño país centroamericano, Nicaragua, ha notificado oficialmente que durante los tres primeros meses del presente año ha exportado nada menos que 29.732 animales silvestres a otros países. Este enorme número de ejemplares sacados del país en tan corto espacio de tiempo y en una nación de dimensiones tan reducidas sirve para dar una idea del fenomenal movimiento de especies que se producen en el planeta a causa del comercio internacional.

El Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales del Gobierno de Nicaragua ha señalado que todas estas exportaciones se hicieron al amparo de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que es la figura jurídica internacional que regula el tráfico de animales y plantas salvajes. Se trata, por tanto, de una exportación legal y dentro de los cauces administrativamente establecidos.

La convención CITES establece que estas especies deben proceder de criaderos autorizados, cumpliendo los criterios internacionales para el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad.

El montante económico facturado por estos casi 30.000 animales exportados en tres meses es de 2,55 millones de dólares, según el mismo ministerio. Los envíos se dirigieron sobre todo a Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong, EEUU, Japón y Corea del Sur, países que compran estos ejemplares principalmente como mascotas.

Especies exóticas

Entre las especies exportadas figuran la rana verde de ojos rojos, el gallego verde, la boa común, la rana flecha, la serpiente falso coral, el gecko atigrado, el pichete o el caracol rosado.

Actualmente, hay en Nicaragua un total de nueve zoocriaderos registrados ante el Ministerio del Ambiente y seis de ellos cuentan con permiso para exportar especies a otros países.

Sin embargo, la propia convención CITES ha sido frecuentemente criticada por las lagunas que contiene a la hora de garantizar el control efectivo de estas exportaciones. Numerosos expertos afirman que es fácil burlar dichos controles para terminar comercializando especies procedentes del medio natural, no de criaderos autorizados, y de especies protegidas. Esas irregularidades suceden sobre todo en países con escasas estructuras administrativas de control o amplios márgenes para la corrupción oficial.

El problema, visto desde España

Por otra parte, la responsable del programa de Especies de WWF España, Laura Moreno, abunda en estas deficiencias al recordar que “hay millones de especies que no están incluidas [en el CITES] y, por otro lado, hay especies que, aunque su cría y comercio esté regulada en el marco de CITES y pueda dar ciertas garantías de sostenibilidad para la biodiversidad en el país de origen, pueden causar problemas en el país de destino (invasividad, peligrosidad en la tenencia, zoonosis, etc.)”.

Para Moreno y otros expertos, lo ideal sería apostar por otras fórmulas de control legal. Es el caso de los llamados ‘listados positivos’, una relación que contenga las únicas especies permitidas como mascotas, en vez de tener listados de especies prohibidas, que suelen ser mucho más largos y complejos. “Algunos países europeos pioneros ya han desarrollado este tipo de listados y España acaba de sacar a información pública un Real Decreto para elaborar su propio listado”, comenta la responsable de Especies de WWF.

Esta entidad participa en la tramitación de este decreto mediante la presentación de propuestas para mejorar su contenido. En todo caso, apoyan la idea general: “Vemos más efectivo limitar el número de animales que se pueden tener como mascotas, porque en nuestro país, el mascotismo de animales exóticos es una de las principales vías de entrada de especies invasoras que causan graves problemas en la biodiversidad”, añade.

Moreno pone como ejemplos de invasoras que fueron mascotas el mapache, el galápago de Florida, la cotorra argentina y otras que hoy se han convertido en un verdadero problema para las especies nativas (con las que compiten) y cuya erradicación cuesta grandes cantidades de dinero a las administraciones públicas, con escasos resultados.