Asturias quiere retomar en septiembre la eliminación de lobos tras sortear la sentencia desfavorable del Supremo

En tiempo y forma. Tal y como anunció de que sería en junio, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, confirmó este martes que ya ha sido aprobado el decreto para modificar el II Plan de Gestión del Lobo, después de que una parte fuera anulada por el Tribunal Supremo, concretamente el artículo 7.5a), en una sentencia conocida el pasado febrero. Así las cosas, según Marcos, hay vía libre para empezar a tramitar un nuevo programa de control de la población, después de haber tenido que parar el de este año antes de tiempo por la sentencia: estaba previsto matar 53 ejemplares y se quedó en 31, a los que hay que sumar 13 lobos que aparecieron muertos por diversas causas.

El consejero asegura que hay "garantías jurídicas", una vez aprobado el decreto que modifica el plan, para seguir adelante con la eliminación de lobos y cumplir así con una de las demandas más acuciantes de los ganaderos en los últimos años, hartos de los ataques a sus reses.

En septiembre, confía Marcos, se podrán retomar las eliminaciones de lobos en Asturias, algo que los conservacionistas están dispuestos a tratar de frenar con todos los medios, tal y como han demostrado en los últimos años en los tribunales. De hecho, la sentencia del Supremo de febrero se debió a un recurso de la Asociación de protección del lobo ibérico (Ascel), que tiene varios frentes judiciales abiertos contra las acciones del Gobierno asturiano en materia de gestión de fauna salvaje.

No obstante, en el Principado no quieren poner cifra a los lobos que se matarán, antes de abordar con los técnicos y los especialistas cómo llevar a cabo el programa en base al último censo.

Compromiso con el sector ganadero

Marcelino Marcos compareció esta misma mañana junto a Marcos da Rocha, director general de Planificación Agraria: “Una vez más, demostramos con hechos, y no solo con palabras, nuestro compromiso rotundo con el sector ganadero. Queremos hacer posible la coexistencia de la actividad en el medio rural con la fauna salvaje, y ello pasa forzosamente por el control de la población de lobos con plenas garantías jurídicas”.

La revisión del decreto responde precisamente a la necesidad de mejorar la seguridad jurídica. Por una parte, responde a los cambios normativos ocurridos los últimos años. En 2021, la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) limitó las actuaciones de control previstas en el plan autonómico. Posteriormente, un cambio legal (vinculado a la Ley 1/2025 contra el desperdicio alimentario) revirtió esta situación y permitió recuperar la capacidad de gestión por parte de las comunidades autónomas. Esto facilitó que en abril de 2025 se aprobara en Asturias el nuevo programa de control.

Para este verano

Una vez aprobado el decreto, el paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y, a partir de ahí, la tramitación del nuevo programa de control. En su última comparecencia en la Comisión de Medio Rural, el Consejero aseguró que durante este verano estará listo el programa.

El Gobierno de Asturias ha constatado un aumento del 11% de la población de lobos, que alcanzó en 2025 las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras. Además, en función de los indicios detectados, se está evaluando la posible existencia de otros cinco grupos, que podrían ser nuevos o pertenecer a uno de los ya existentes.

El actual censo crece en cinco manadas respecto al anterior, en el que se habían contabilizado 45. Un censo que es cuestionado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), con el que el Principado, además del resto de comunidades del Cantábrico, mantiene un enfrentamiento público por la gestión del lobo.

En el Gobierno central no quieren saber nada de rebajar la protección de la especie, algo que de constatarse que la población se ha recuperado, podría pasar. En Bruselas está ya el último censo en España elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y las comunidades, aunque la primera cuestionó abiertamente que fueran cifras fiables y les restó rigor científico.

Tras retrasar el envío a la Comisión Europea, días atrás no le quedó otra a Medio Ambiente que hacerlo al imponerse el voto de las comunidades autónomas en la comisión sectorial que tenía que darlo de paso.

Discrepancias persistentes

Al respecto, Marcos insistió que el Gobierno asturiano ha mantenido siempre una "posición propia y equilibrada" sobre la gestión del lobo, incluso cuando esa postura no ha coincidido con la de la Administración central. El consejero recordó que Asturias volvió a defender en la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que la situación del lobo en la región biogeográfica a la que pertenece el Principado es favorable, una tesis que, según indicó, fue respaldada por la mayoría de comunidades autónomas frente al criterio del Ministerio y de algún otro territorio.

Marcos se muestra especialmente crítico con el departamento estatal, al que reprochó estar alimentando la polarización social en torno al lobo. Frente a ello, aseguró que el Ejecutivo asturiano sostiene una posición «equilibrada, rigurosa y basada en criterios científicos», apoyada en censos elaborados desde 2006 con la misma metodología. El consejero insistió en que Asturias seguirá defendiendo el equilibrio entre la conservación de la especie y el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, con una normativa que trate de ofrecer las máximas garantías jurídicas.

Fuente: La Nueva España