La Conselleria de Sanidad ya ha remitido a los dos bares ubicados en Valencia y Castellón donde se han dado casos de insumisión a la ley del tabaco la notificación de la apertura de un expediente sancionador, que la ley establece en entre 6.000 y 600.000 euros, según fuentes de este departamento.

Las notificaciones han sido remitidas al bar-restaurante Rodrigo de Valencia y al bar Spirit de Castellón, aunque los propietarios de ambos establecimientos han asegurado a EFE que aún no habían recibido el escrito de la Conselleria de Sanidad.

El pasado día 5, inspectores de Sanidad levantaron acta contra el establecimiento castellonense tras comprobar que incumplía la legislación porque se fumaba en el interior del local, los ceniceros tenían colillas y en las puertas había carteles en los que se indicaba que el bar es para fumadores.

Según Fernando Tejedor, propietario del bar Spirit, posteriormente se levantó una segunda acta contra el bar y están a la espera de que levanten una tercera.

Tejedor también ha asegurado a EFE que ni él ni su abogado han recibido la notificación de la Conselleria de Sanidad donde se le informa de la sanción impuesta por dejar fumar en su local.

El pasado sábado, los inspectores de la Conselleria de Sanidad también levantaron acta contra el bar-restaurante Rodrigo de Valencia por permitir fumar a sus clientes, y la Policía Local impuso una sanción al establecimiento.

Rodrigo Arroyo, propietario de ese local, ha señalado que en el momento en que reciba la notificación de sanción de la Administración valenciana la pondrá en manos de sus abogados "para que estudien qué hacer".

Arroyo ha asegurado que mantendrá su decisión de dejar fumar en su establecimiento: "Si ahora dejo de hacerlo, la gente creerá que lo hice por darme publicidad, cuando lo cierto es que ha sido porque me iba mal el negocio".

"Los clientes venían a comer y no se tomaban la copa, que supone gran parte del beneficio", ha indicado Rodrigo Arroyo, quien ha señalado que considera "demasiado exagerada" una sanción superior a los 6.000 euros, como establece la normativa.