El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a juzgar al magistrado Elpidio José Silva el próximo 21 de abril por delitos de prevaricación, entre otros, cometidos presuntamente durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al que ordenó encarcelar en dos ocasiones.

En un auto, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala para el 22 de ese mes el interrogatorio al juez, acusado además de dos delitos contra la libertad individual y otro de retardo malicioso en la administración de Justicia, por los que la Fiscalía reclama 30 años de inhabilitación.

Asimismo, el tribunal fija para el día 23 las testificales de, entre otros, Miguel Blesa y su abogado, Carlos Aguilar.

En los días sucesivos, establece las de otros testigos como el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y varios de sus abogados que ejercieron de acusación en la causa que instruía Silva; su sustituto mientras cumplía una sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Antonio Toro, o el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.

Silva, apartado cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial desde el pasado 4 de febrero, se enfrenta así a su expulsión definitiva de la carrera, a la que accedió por el tercer turno sin oposición, en caso de que la sentencia sea condenatoria.

La Sala rechaza practicar en el acto del juicio oral varias de las pruebas reclamadas por el magistrado, entre ellas la lectura de de los correos electrónicos corporativos que ordenó incautar al exbanquero durante su investigación, que fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid.

En este sentido, precisa que sólo se leerán aquellos que guarden relación con este procedimiento, "previa selección reservada por los miembros de este tribunal", con el objeto de "preservar la intimidad" y la "afectación de los derechos constitucionales de todas las personas a las que afecten esos correos".

Además, el TSJM se opone a citar a declarar a los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, instructores del "caso Bankia" y el "caso CAM", respectivamente, y cuyas testificales reclamó Silva para que expusieran la "práctica forense" que se realiza en este tipo de investigaciones.

También rechaza preguntar a Bankia los nombres de los miembros del Consejo de Administración y el Comité de Riesgos de Bankia en 2013 y sus "vinculaciones conyugales" con la directiva de Caja Madrid por "carecer de toda relación" con esta causa.

El magistrado del TSJM Jesús Gavilán, instructor de la querella del Ministerio Público contra el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, abrió juicio oral el pasado 23 de enero al apreciar indicios de que Silva cometió estos delitos en la instrucción del denominado "caso Blesa".

Según Gavilán, Silva prevaricó al abrir una "causa general" y "prospectiva" contra el exbanquero en la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán que él mismo archivó dos años antes, y del que luego desgajó el de la compra del City National Bank de Florida, por el que envió a Blesa a prisión.

Al encarcelarle, precisaba, adoptó dos medidas "incompatibles entre sí", pues la primera se ordenó en mayo bajo fianza de 2,5 millones y la segunda, quince días después, de forma incondicional.

"Las distintas resoluciones dictadas apuntan al carácter generalista y prospectivo de la investigación realizada, y no lo dice esto el instructor sino la propia Audiencia Provincial", destacaba el magistrado en alusión a la resolución de la instancia superior que confirmaba su auto de apertura de juicio oral.